La Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán enfrenta severas críticas por su cuestionable actuación en el caso Mayaland, donde múltiples irregularidades ponen en tela de juicio la legalidad y transparencia de su proceder.
Exceso en el cumplimiento de un oficio de colaboración
El 17 de febrero de 2022, la Fiscalía de Yucatán debía limitarse a colocar sellos de aseguramiento en inmuebles, según lo solicitado por su homóloga de Quintana Roo. Sin embargo, excedió sus atribuciones al nombrar a un apoderado de Inmobiliaria R4 como depositario de los bienes, a pesar de que la autoridad judicial competente negó esa posibilidad en cuatro ocasiones. Esta decisión, tomada sin informar al juez mercantil y sin verificar la existencia legal de esa depositaría, marcó el inicio de una cadena de abusos.
Violencia y despojo
En la madrugada del 18 de febrero de 2022, la situación escaló con un despojo perpetrado mediante el uso de la fuerza. La ilegalidad del aseguramiento y la designación indebida de un depositario parecen haber servido de encubrimiento para este delito flagrante.
Entrega virtual y omisión deliberada
El 26 de septiembre de 2023, la autoridad ordenó cancelar el aseguramiento y entregar los inmuebles a su legítimo propietario, Fernando Barbachano. Sin embargo, la Fiscalía optó por una insólita “entrega virtual”, reconociendo únicamente la posesión jurídica del afectado, pero evadiendo la diligencia de entrega material, a pesar de que el despojo estaba plenamente acreditado en una carpeta de investigación.
Protección indebida a los responsables
Aunque ya se ejercitó acción penal por el despojo, los invasores permanecen en los inmuebles. La Fiscalía se rehúsa a proceder penalmente contra Rosas Moya, quien, bajo protesta de decir verdad, reconoció poseer los bienes. En contraste, ha intentado acusar al señor Barbachano por hechos sin sustento ni pruebas reales, basándose en una narrativa tergiversada que ignora el contexto y el juicio previo en Quintana Roo, donde ya había sido exonerado.
Acusaciones inverosímiles y contradicciones flagrantes
La acusación presentada el 8 de octubre de 2024, en plena suspensión de labores por el huracán Milton, resalta la falta de sustento lógico y jurídico en el actuar de la Fiscalía. La imposibilidad material de presentar cargos en esas condiciones evidencia un manejo torpe y posiblemente intencional de los tiempos procesales.
Un limbo jurídico sin fin
Pese a que la carpeta iniciada en Quintana Roo —con una orden clara de entrega material desde 2023— fue remitida a Yucatán para resolver el conflicto competencial, la Fiscalía yucateca se niega a recibirla, perpetuando la incertidumbre jurídica y beneficiando de manera indebida a los responsables de múltiples delitos.
¿Justicia o instrumentalización política? Este caso exhibe un patrón preocupante en el que el aparato de justicia parece ser manipulado para beneficiar a quienes han cometido delitos, mientras las víctimas legítimas enfrentan obstáculos administrativos y acusaciones infundadas. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza en las instituciones.
¿Es este el sistema de justicia que merece Yucatán?