A pesar de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la baja violencia en Chiapas, las cifras y denuncias evidencian un aumento preocupante en diversas formas de violencia en el estado.
El incremento de secuestros, amenazas, extorsiones y reclutamiento forzado ha generado desplazamientos, suspensión de clases y falta de acceso a alimentos y servicios básicos para los pobladores.
Contrario a la presentación de gráficas por parte del presidente que sugieren una baja tasa de homicidios en Chiapas, las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan un aumento constante en homicidios dolosos desde 2020. Hasta noviembre de 2023, se registraron al menos 457 homicidios dolosos, marcando un incremento del 17% respecto al año anterior.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 revela que la percepción de inseguridad en Chiapas ha superado el 50%, alcanzando un máximo del 72.6% en 2022. Asaltos, extorsiones, fraudes y amenazas son los principales delitos que afectan a al menos el 15.1% de los hogares en Chiapas.
Organizaciones sociales, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y la Iglesia católica han denunciado la violencia, desplazamientos forzados y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
La Marcha por la Paz realizada en octubre pasado evidenció el reclamo de los pobladores de diversas localidades chiapanecas afectadas por la violencia generada por cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La violencia en Chiapas ha generado consecuencias devastadoras, incluyendo cortes de servicios básicos, interrupción del ciclo escolar y afectaciones a la alimentación de la población.
A pesar de este panorama, el presidente López Obrador insiste en presentar una realidad distorsionada, lo que ha generado críticas y llamados de atención por parte de organizaciones y sectores afectados.
