MOTUL, Yucatán.— El aparato de poder volvió a actuar como muralla para proteger a los suyos. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, e incluso elementos municipales de Mocochá —fuera completamente de su jurisdicción—, intentaron a toda costa impedir que un reportero documentara el accidente vial protagonizado por Óscar de Jesús Cutz Domínguez, hermano del presidente municipal de Mocochá, Pablo Alejandro Cutz Domínguez.
El percance ocurrió sobre la carretera Motul–Baca, tramo Motul–Sacolá, cuando el conductor del automóvil Nissan Sentra, se dormitó al volante y se salió de la cinta asfáltica, internándose más de 200 metros entre la maleza.
Hasta ahí, todo parecía ser un accidente más. Sin embargo, el despliegue de autoridades para ocultar los hechos y acallar a la prensa dejó en evidencia un intento desesperado por proteger al hermano del alcalde, que ahora está bajo la lupa.
Policías fuera de control
Lo que indignó a medios y testigos fue la actitud de los elementos estatales y municipales: impidieron a la prensa tomar fotografías, amenazaron con arrestar a quien documentara lo sucedido y trataron de manejar el hecho con total hermetismo.
Una patrulla de Mocochá fue vista en el sitio del accidente, lo que levantó aún más sospechas, pues no tenían nada que hacer en esa zona. Una oficial intentó intimidar directamente al comunicador, a pesar de que estaban fuera de su área de competencia.
¿Protección política desde la SSP?
Luego de que se confirmó la identidad del accidentado como familiar directo del alcalde Pablo Cutz, se supo que el mismo edil habría ordenado enviar unidades municipales al sitio, dejando a su municipio sin cobertura policial momentánea. La SSP, en lugar de garantizar el derecho a la información, se sumó al cerco para encubrir el incidente, lo que deja abierta la pregunta:
¿Hay intereses o favores políticos entre altos mandos de la SSP y el Ayuntamiento de Mocochá?
Un intento de censura
El intento por silenciar a la prensa en un hecho público, ocurrido en vía federal, no solo es una violación al ejercicio periodístico, sino un acto de censura descarada, que merece ser investigado por la Comisión de Derechos Humanos y organismos que velan por la libertad de expresión.
Una vez más, queda claro que en Yucatán, cuando se trata de proteger a los allegados del poder, la fuerza pública se convierte en brazo político y no en garante de la ley.