La deuda más grande en la historia moderna de Yucatán fue aprobada con la promesa de modernizar el puerto de altura de Progreso. Hoy, lo que queda son dudas, sospechas y un silencio ensordecedor sobre el destino de los recursos.
En 2022, bajo la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, el Congreso del Estado aprobó un préstamo por 3,063 millones de pesos con el argumento de transformar el puerto de Progreso en un centro logístico de clase mundial. La deuda pública total del estado con ese empréstito rebasó los 11,672 millones de pesos. A la fecha, no hay obras visibles que justifiquen semejante endeudamiento.
El dinero se fue, pero el puerto sigue igual
El recurso, aunque aprobado en el sexenio anterior, fue entregado a la actual administración de Joaquín “Huacho” Díaz Mena, quien asumió el cargo con el proyecto ya etiquetado y financiado. Sin embargo, en lugar de aplicarse a la infraestructura del puerto, los fondos habrían sido desviados para otros fines muy distintos al interés público.
Fuentes cercanas revelan que Mario Millet Encalada, operador financiero del actual gobierno, fue quien se encargó de repartir el dinero entre empresarios e inversionistas que financiaron la campaña electoral de Huacho Díaz. No solo se les devolvió lo que aportaron: también se les habría garantizado una “utilidad política” del 20%, usando dinero público. Un retorno de inversión con cargo al futuro de todos los yucatecos.
La obra quedó como promesa, pero la deuda es real
El puerto no ha cambiado. Las promesas de empleos, inversión internacional y desarrollo regional siguen en el discurso oficial, pero no hay una sola prueba concreta de que los 3,063 millones se estén aplicando a la obra prometida. En cambio, la urgencia del gobernador Huacho Díaz por atraer nuevas inversiones al puerto parece responder más a la necesidad de tapar un desfalco que a una estrategia de desarrollo.
Hoy, el proyecto estrella de la anterior y actual administración se ha convertido en una pesada carga para los ciudadanos, que no solo deben pagar los intereses de esta deuda, sino también asumir el costo político y ético de un uso electoral de los recursos públicos.
¿Dónde está el dinero? ¿Quién rendirá cuentas?
Yucatán necesita infraestructura, no simulación. Necesita inversiones, no favores políticos pagados con dinero del pueblo. Los responsables de este desvío deben ser identificados, investigados y sancionados.
¿Es este el futuro que nos prometieron?
La deuda es pública. La rendición de cuentas también debe serlo.