Acusan intento de robo de tierras por rectificación ilegal de terrenos; involucran a exalcalde, mafia inmobiliaria y a la Paraguaya Miriam Álvarez Duarte
Dzilam de Bravo, Yucatán – Propietarios del oriente yucateco denunciaron un intento de despojo masivo de tierras, como parte de un conflicto de origen turbio que involucra a la empresaria Paraguaya Miriam de Jesús Álvarez Duarte, al empresario Ernesto Cuencame Maurer Chemaly, y exalcalde coludido con la mafia inmobiliaria.
Todo comenzó con la compra de la hacienda “Mina de Oro”
Según testimonios de los pobladores, hace varios años Miriam Álvarez Duarte adquirió la antigua Hacienda Mina de Oro, ubicada legalmente en el municipio de Dzidzantún. Sin embargo, producto de la erosión marina y los efectos del cambio climático, parte del terreno original fue devorado por el mar.
Lejos de asumir la pérdida, Álvarez Duarte habría operado, con ayuda de abogados especializados en fraudes inmobiliarios y el exalcalde de la zona, una supuesta “rectificación de medidas” que amplió el 40% del terreno original, no hacia su propio municipio, sino invadiendo territorio de Dzilam de Bravo.
El nuevo trazo territorial no solo incluyó zonas protegidas, sino incluso los terreno de propietarios de Dzilam de Bravo de muchos años.
Llega Ernesto Cuencame: violencia, amenazas y destrucción ambiental
El conflicto escaló cuando los terrenos fueron vendidos al empresario Ernesto Cuencame Maurer Chemaly, conocido en la región por sus inversiones agresivas en desarrollos turísticos. Desde entonces, los propietarios acusan que el empresario ha enviado golpeadores, personal armado y maquinaria pesada para “recuperar” lo que él considera suyo.
A pesar de que existe un litigio en curso por la legalidad de la rectificación, Cuencame ha iniciado trabajos en la zona, arrasando vegetación, ecosistemas costeros y propiedad privada, en su afán de construir un club de playa de lujo, el cual ya ha sido ofertado en múltiples ocasiones, según denuncian los lugareños.
Una comunidad en pie de lucha legal
Cansados de la impunidad, los habitantes de Dzilam de Bravo, junto con familias propietarias como los Díaz Rubio del tablaje 4248, Jose Barquin del tablaje 4240, se han organizado para impugnar la rectificación de terrenos ante tribunales agrarios y federales, argumentando que se trata de un fraude catastral y jurídico que pone en riesgo el patrimonio de decenas de familias.
“Aquí no se vende ni se regala un metro de tierra. Lo que están haciendo es un robo disfrazado de desarrollo turístico”, dijo uno de los propietarios que ha sido amenazado por oponerse al proyecto.
El conflicto revela la profundidad de las redes de corrupción que permiten estas maniobras, donde la complicidad entre funcionarios públicos, empresarios y abogados especializados en despojos pone en jaque la estabilidad y la justicia agraria en Yucatán.