La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta mañana el nombramiento de Rogerio Castro Vázquez como delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán. El ex director nacional jurídico del Infonavit se convierte así en el encargado de los programas sociales del gobierno federal en el estado, con la responsabilidad de administrar un presupuesto similar al del gobierno encabezado por Joaquín Huacho Díaz Mena.
Este nombramiento se da en un contexto donde el control de los recursos y la relación entre el Gobierno Federal y el estatal ha sido, históricamente, un elemento crucial para la gobernabilidad y los proyectos de desarrollo en Yucatán. No es menor recordar que, durante el sexenio pasado, el 75% del presupuesto del Gobierno del Estado provino de la Federación, y que para este 2024, Yucatán ha recibido 45 mil millones de pesos entre recursos etiquetados y de libre disposición. Ante este panorama, surgen dudas legítimas sobre la real capacidad del nuevo delegado para implementar políticas públicas que verdaderamente generen bienestar, más allá de una gestión administrativa de fondos.
Castro Vázquez, cercano al actual gobernador y con una trayectoria que incluye su paso por el Infonavit, promete trabajar en coordinación con el mandatario estatal para “garantizar que en Yucatán continúe el bienestar de las familias”. Sin embargo, resulta difícil no cuestionar hasta qué punto este nombramiento representa un verdadero compromiso con el desarrollo social o si, en cambio, responde a una estrategia de centralización del poder y control de recursos por parte del partido gobernante. ¿Será Castro Vázquez capaz de desligarse de los intereses políticos y priorizar el bienestar de los yucatecos, o simplemente será una pieza más en la maquinaria de control del presupuesto federal?
El nuevo delegado ha asegurado que “no les vamos a fallar”, pero las promesas de los funcionarios han sido parte del discurso habitual en los últimos años, mientras que las carencias en los programas de desarrollo y asistencia social persisten en Yucatán. Con un presupuesto enorme a su disposición, la verdadera prueba para Castro Vázquez será traducir esos recursos en beneficios palpables para la población, sin caer en el asistencialismo partidista ni en la falta de transparencia que ha caracterizado a muchos programas sociales.
La designación de Castro Vázquez plantea más preguntas que certezas: ¿se logrará garantizar una mejor distribución de los recursos? ¿Podrá evitarse la politización de los programas sociales en un contexto de contienda electoral constante? Solo el tiempo dirá si este cambio traerá consigo un impacto positivo para las familias yucatecas o si, una vez más, quedarán atrapadas en promesas incumplidas y discursos vacíos.