En un encuentro reciente con figuras de alto nivel de la seguridad nacional, como Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se destacó a Yucatán como un “ejemplo de seguridad” en el país. El mensaje transmitido fue claro: Yucatán se presenta como un estado en calma, con estrategias preventivas sólidas y una colaboración institucional que, al menos en palabras, promete fortalecer la tranquilidad de las familias yucatecas.
Sin embargo, un vistazo más profundo a la realidad de los ciudadanos revela otro panorama. En los últimos meses, Yucatán ha sido escenario de casos alarmantes que ponen en entredicho el supuesto blindaje en seguridad. Las desapariciones en altamar de pescadores, como los tripulantes de las embarcaciones ‘Peyucsa 12’ y ‘Halcón I’, evidencian vacíos en la respuesta de las autoridades estatales y una falta de recursos y apoyo efectivo para la seguridad de los trabajadores del mar. La tragedia ha sido señalada por familiares y ciudadanos como una muestra de la vulnerabilidad en un estado que se promociona como seguro, y al que pareciera no importarle la tragedia que vive uno de sus sectores más trabajadores y sacrificados.
Además, la estrategia de seguridad encabezada por Luis Felipe Saidén Ojeda ha sido objeto de críticas. Aunque es verdad que Yucatán destaca en ciertos índices nacionales de seguridad, los ciudadanos enfrentan problemas cada vez más visibles: desde los aumentos en casos de violencia intrafamiliar hasta un incremento en robos y delitos patrimoniales. ¿Hasta qué punto estas cifras se deben a una estrategia de contención delictiva real o, en cambio, a una política de encubrimiento de cifras desfavorables?
El mensaje de seguridad que emiten las autoridades, mientras sigue el desfile de eventos y reuniones, parece más una jugada de imagen que una respuesta real a los problemas que enfrentan quienes viven y trabajan en Yucatán. Es momento de que las autoridades dejen de usar la supuesta paz de Yucatán como un cartel publicitario y trabajen realmente en estrategias integrales, escuchando las demandas ciudadanas y, sobre todo, actuando con prontitud y transparencia en los casos que demuestran las fallas de un sistema que hoy parece más frágil que nunca.