La reciente adquisición de tres diputadas locales por parte del gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, ha encendido las alarmas en la esfera política y social del estado. Con el apoyo de las legisladoras Rosana de Jesús Couoh Chan (PRI), una de Movimiento Ciudadano y otra del PAN, el mandatario asegura la mayoría calificada en el Congreso, lo que le permitirá modificar a su conveniencia la composición del Poder Judicial local. Incluso el diputado morenista Wilmer Monforte Marfil ya presume a sus nuevas adquisiciones.
El objetivo de esta maniobra es evidente: desmantelar la estructura judicial que hasta ahora se encontraba bajo el control del exgobernador Mauricio Vila Dosal y del operador político Álvaro Juanes Laviada. De concretarse este movimiento, el nuevo esquema beneficiaría directamente a Mario Millet Encalada, socio de Huacho Díaz Mena, quien asumiría el control total del Poder Judicial.
Este golpe político no solo pone en entredicho la independencia de la justicia en Yucatán, sino que también evidencia cómo los intereses particulares se imponen sobre la legalidad y la democracia. Con este reacomodo, el gobierno estatal no tendría obstáculo alguno para instrumentalizar la justicia a su favor, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión y vulnerabilidad.
El Poder Judicial, que debería operar como un contrapeso institucional, corre el riesgo de convertirse en un brazo más del poder ejecutivo estatal. La posibilidad de que Mario Millet Encalada decida de qué lado se inclina la balanza de la justicia en Yucatán significa una preocupante consolidación del poder absoluto.
Este escándalo deja en evidencia cómo la compra de diputados y la manipulación de las instituciones erosionan la democracia y afectan directamente a la ciudadanía. La transparencia y la independencia judicial están en riesgo, y la pregunta que queda en el aire es: ¿Quién protegerá a los yucatecos cuando la ley se convierta en un instrumento de conveniencia política?