Estudiantes de las generaciones egresadas en 2023 y 2024 han recurrido al amparo legal para exigir a sus instituciones la entrega oportuna de sus títulos profesionales. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos, numerosos egresados llevan uno o incluso dos años sin poder rendir la protesta profesional necesaria para obtener su grado académico.
Uno de los casos más notorios corresponde a una reconocida universidad privada, ubicada cerca del Parque de Santiago, que ofrece decenas de carreras. De acuerdo con información obtenida del Centro de Acuerdos del Poder Judicial de la Federación (Página Pública), múltiples egresados de dicha institución han promovido amparos debido a la falta de fechas programadas para la toma de protesta profesional y, consecuentemente, la emisión de sus títulos. Esta problemática no es exclusiva de esta universidad, ya que otras instituciones privadas en la entidad también enfrentan similares acusaciones.
La situación ha llamado la atención de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, entidad encargada de supervisar el funcionamiento de los centros educativos privados, así como de la Secretaría de Educación Pública Nacional. Esta última dependencia se encuentra en proceso de investigación para recabar información detallada sobre el número de afectados y determinar responsabilidades, en el marco de las directrices establecidas por la Dirección General de Concertación, Gestión y Seguimiento de Instrucciones Presidenciales del Gobierno Federal.
Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha señalado que, dada la naturaleza privada de estas instituciones, cuenta con la facultad de intervenir y exigir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales, lo que podría derivar en medidas adicionales para resarcir a los egresados afectados.
Con estos antecedentes, los estudiantes y egresados continúan presionando a las autoridades y a las universidades para que regularicen de manera inmediata el proceso de titulación, ya que el retraso no solo afecta su inserción laboral y desarrollo profesional, sino que también genera incertidumbre en un sector que se considera vital para el crecimiento y la competitividad del estado.
La comunidad educativa y organizaciones de estudiantes hacen un llamado para que las autoridades tomen cartas en el asunto, asegurando que todos los egresados reciban el reconocimiento académico que por ley les corresponde y, de ese modo, se garantice la transparencia y equidad en el sistema educativo mexicano.