Washington, D.C.— Un hacker contratado por el Cártel de Sinaloa logró rastrear e identificar a informantes del FBI en México utilizando tecnología de vigilancia, incluyendo el sistema de cámaras de la Ciudad de México, reveló una alarmante auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento, que evalúa los riesgos tecnológicos a los que se enfrenta el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en operaciones internacionales, detalla un caso ocurrido en 2018 durante una investigación activa contra el cártel que entonces aún operaba bajo el legado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte, un individuo vinculado al Cártel de Sinaloa se acercó a un agente del FBI y confesó que la organización criminal había contratado a un hacker especializado en espionaje digital. Entre los servicios que ofrecía estaba la explotación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, así como el uso de redes de videovigilancia para rastrear objetivos.
El hacker no solo observó a personas entrando y saliendo de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, sino que logró identificar al Agregado Legal Adjunto del FBI (ALA T). A partir del número de teléfono móvil de este funcionario, obtuvo registros de llamadas, datos de geolocalización y lo rastreó físicamente por la capital mexicana usando cámaras públicas, según el informe.
Lo más grave es que, de acuerdo con el agente del caso, esta información fue utilizada por el cártel para intimidar, amenazar y, en algunos casos, asesinar a informantes y testigos colaboradores.
Este episodio evidencia no solo la capacidad del crimen organizado para infiltrar y explotar sistemas tecnológicos de vigilancia gubernamental, sino también las vulnerabilidades en la protección y protocolos del FBI al operar fuera de territorio estadounidense.
La auditoría apunta a deficiencias en la capacitación y conciencia de los agentes frente a escenarios de espionaje en ambientes saturados de vigilancia técnica. La revelación ha encendido las alarmas en agencias de seguridad estadounidenses sobre los niveles de exposición que enfrentan sus funcionarios en países con alta actividad criminal y tecnologías comprometidas.
Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura sobre el presunto uso del sistema de videovigilancia capitalino por parte del crimen organizado, ni sobre cómo fue posible tal infiltración.
Este caso expone con crudeza el alcance del narcoespionaje en México, en una guerra que ya no solo se libra con armas y dinero, sino con acceso privilegiado a datos y vigilancia masiva.