A poco más de tres meses de que se celebraran las primeras elecciones para elegir jueces, magistrados y ministros en 19 estados del país, el nuevo Poder Judicial enfrenta una crisis de legitimidad: varios de los recién nombrados juzgadores han renunciado a sus cargos apenas semanas después de rendir protesta.
En Tamaulipas, cuatro jueces electos abandonaron sus puestos en menos de quince días:
Anabel Almazán Botello, jueza civil, Yaritza Adziry Bonilla Molina, jueza mixta civil y familiar, Javier Colunga Reséndiz, juez civil, Ivonne González Salinas, jueza civil.
Las renuncias han levantado cuestionamientos sobre el perfil de los candidatos. Bonilla Molina obtuvo su título de abogada hace apenas tres años, Colunga Reséndiz hace cinco, y Almazán Botello trabajaba en un programa de cuentacuentos antes de intentar abrirse paso en la política. Ninguno tenía experiencia en la carrera judicial.
En su lugar entrarán en funciones los candidatos que quedaron en segundo lugar en la elección del 1 de junio: Óscar Manuel López Esparza, Silvia Guadalupe Treviño Enríquez, Cristian Reyes García y Claudia Edith Villasana Vela, quienes rendirán protesta el próximo 30 de septiembre.
El fenómeno no es exclusivo de Tamaulipas. En Durango, el juez electo Héctor Zaragoza Solís presentó su renuncia definitiva por “motivos de salud”, aunque su trayectoria estaba más ligada al comercio turístico que a la judicatura. Su caso evidenció un vacío legal: no había reglas claras sobre cómo sustituir a un juez electo que renuncia, lo que obligó a improvisar con un secretario de acuerdos como suplente.
En Veracruz, la jueza laboral Verónica Loyo Chacón también dejó su cargo, tras haber rechazado la adscripción asignada junto a otros colegas. Aunque egresada de la Universidad Veracruzana y con formación académica en derecho laboral, tampoco contaba con experiencia dentro del Poder Judicial.
Una reforma cuestionada
La ola de dimisiones reaviva las críticas a la reforma judicial aprobada el año pasado, que abrió la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habían advertido que la medida ponía en riesgo la independencia judicial y el principio de la carrera judicial, un sistema creado precisamente para garantizar que los juzgadores llegaran a sus cargos mediante concursos de oposición, no por popularidad ni designaciones políticas.
“El concurso de oposición incluye exámenes escritos, casos prácticos y audiencias simuladas; con las elecciones, ese filtro se eliminó y ahora tenemos juzgadores sin experiencia que no aguantaron ni dos semanas en el cargo”, señalaron en un análisis difundido por la Escuela Federal de Formación Judicial.
Un Poder Judicial debilitado
Las renuncias ponen en entredicho la viabilidad de un modelo que, lejos de fortalecer la justicia, parece haber generado incertidumbre y vacantes improvisadas. El Poder Judicial, en su intento por democratizarse, enfrenta ahora una de sus pruebas más duras: demostrar que quienes lo integren estarán preparados para impartir justicia y no solo para ganar votos.