En una controvertida decisión, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, que amplía de 11 a 25 las causas por las cuales el gobierno puede expropiar propiedades de ciudadanos, ejidatarios y empresarios.
La medida ha generado preocupación debido a la inclusión de razones que podrían afectar directamente a los propietarios. Entre los motivos más discutidos están:
1️⃣ Proyectos de inversión privada: Podrían disfrazarse como “beneficio colectivo”, permitiendo la construcción de centros comerciales o desarrollos turísticos en terrenos particulares.
2️⃣ Reubicación de damnificados: Propietarios podrían ser forzados a ceder sus terrenos si se considera necesario para alojar a afectados por desastres naturales.
3️⃣ Infraestructura deportiva o recreativa: Espacios privados podrían ser tomados para estadios o parques sin previo aviso.
4️⃣ Proyectos de transporte y comunicación: Carreteras, aeropuertos u obras similares podrían construirse sobre terrenos ejidales o particulares.
¿Qué sucede con la compensación?
El gobierno ha asegurado que indemnizará a los afectados basándose en el valor catastral de los terrenos. Sin embargo, este valor suele ser considerablemente menor al valor comercial, dejando a muchos propietarios en desventaja económica.
Además, la nueva ley permite que no solo el gobierno, sino también ayuntamientos, particulares y organizaciones sociales puedan solicitar expropiaciones, lo que incrementa la incertidumbre sobre la seguridad patrimonial.
Reacciones ciudadanas
El cambio ha causado indignación entre los quintanarroenses, quienes temen que estas medidas puedan ser utilizadas de forma arbitraria, afectando su derecho a la propiedad privada.
Un llamado a la reflexión
Mientras algunos legisladores defienden que la ley impulsará el desarrollo estatal, críticos advierten que podría abrir la puerta a abusos y desalojos injustificados. ¿Se prioriza el “bien común” o los intereses de unos pocos?