La llegada de Cecilia Patrón al Ayuntamiento de Mérida prometía un nuevo rostro para el gobierno municipal. Pero a menos de un año de su gestión, el discurso del cambio se desploma ante una realidad que huele a lo mismo de siempre: corrupción, tráfico de influencias y el reciclaje de operadores que han saqueado impunemente las arcas públicas.
Lejos de erradicar las viejas prácticas, el ayuntamiento se ha convertido en refugio de las mismas figuras que por años han convertido el servicio público en un negocio privado. Uno de los nombres que reaparece en este entramado es José Collado Soberanis, exdirector de Servicios Públicos Municipales durante el gobierno de Renán Barrera Concha, un personaje cuya reputación está manchada por señalamientos de corrupción, asignación irregular de contratos y favores políticos disfrazados de licitaciones.
Hoy, Collado opera nuevamente en las sombras, protegido y acompañado por su incondicional y discípulo, Ernesto Coral Manrique, quien funge como intermediario en la repartición de obras y contratos a empresas afines a Renán Barrera y Raúl Paz Alonso. Coral no aparece en los documentos oficiales, pero su mano se deja ver en cada asignación dirigida, en cada proveedor con nombre prestado, en cada licitación maquillada para favorecer a los de siempre.
El actual director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Alberto “Bet” Espinosa Atoche, lejos de poner un alto, terminó entrando al aro. Según fuentes internas del ayuntamiento, Espinosa ha comenzado a operar bajo las reglas del juego sucio, aceptando el sistema de moches y componendas como única forma de “hacer carrera” en la política local.
Los focos rojos están encendidos: compras infladas de transformadores y materiales eléctricos, licitaciones simuladas, adjudicaciones directas sin justificación técnica, y empresas vinculadas a funcionarios o prestanombres como principales beneficiarias del erario. Las pruebas apuntan a un patrón claro de corrupción sistemática, con un blindaje institucional que permite que nada se investigue, que nada se aclare y que nadie rinda cuentas.
En Mérida, los cochupos no solo persisten: están más vivos que nunca. Funcionarios que se alquilan a sí mismos vehículos para luego facturárselos al Ayuntamiento. Obras públicas que terminan en manos de familiares o compadres. Auditorías amañadas y papeles que se pierden “accidentalmente”. Todo bajo una supuesta administración que se autoproclama eficiente, moderna y transparente.
El rostro limpio de Cecilia Patrón no alcanza para cubrir la podredumbre que carcome su administración desde dentro. Si no corta de tajo estas redes de corrupción, se convertirá en cómplice —por acción o por omisión— de la misma mafia de siempre. Su silencio y pasividad, ante el saqueo evidente, la hacen parte del problema.
Esta investigación apenas comienza. Las redes de corrupción en el Ayuntamiento de Mérida son profundas, están bien protegidas y llevan años operando con total impunidad. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber quién se está enriqueciendo con el dinero que debería servirles.
