En un arranque de gestión que deja mucho que desear, Tizimín se enfrenta a un futuro incierto bajo la dirección de funcionarios cuya reputación está marcada por la corrupción y el abuso de poder.
Encabezando la lista está el recién nombrado tesorero municipal, Edgardo Díaz Aguilar, conocido por su oscuro historial en Quintana Roo, donde se vio envuelto en escándalos de fraude y venta ilegal de terrenos, lo que lo llevó a huir del estado para evitar consecuencias legales.
Pero el nombramiento de Díaz Aguilar no es el único que ha causado indignación entre los tizimileños. Helberth Sánchez Polanco, un exfuncionario priísta con amplia experiencia en inflar y maquillar cuentas, ha sido designado como contralor municipal.
Sánchez Polanco, quien ahora se refugia bajo el manto de Morena para seguir viviendo del erario, se ha ganado la desconfianza de la ciudadanía, quienes temen que su rol sea más para encubrir que para fiscalizar.
La dupla Díaz Aguilar-Sánchez Polanco promete ser una “mancuerna perfecta” para el desvío de recursos y la manipulación de cuentas, dejando a Tizimín en una situación precaria. A esta combinación se suma María José Aguiar Coronado, quien, gracias a su amistad con Jorge Carlos Berlín Montero, ha sido nombrada directora del Jurídico Municipal.
Aguiar Coronado, originaria de Tizimín pero residente en Mérida, fue aprobada por el Cabildo como parte de los acuerdos políticos que marcaron la reciente campaña electoral.
Estos nombramientos han generado un fuerte descontento entre la población, que ve cómo la administración se llena de personajes cuestionables, más interesados en sus beneficios personales que en el bienestar del municipio. La ciudadanía teme que esta sea solo la punta del iceberg de una gestión que podría estar plagada de corrupción y abuso de poder.
Aún quedan direcciones de área por oficializar, pero ya se mencionan nombres que siguen la misma línea de duda y controversia. Entre ellos, destacan Manolo Canto Argáez en el sistema municipal de agua potable y Carlos Balderas en servicios públicos, cuyos antecedentes y capacidades generan más preocupación que confianza.
En resumen, la nueva administración de Tizimín arranca con el pie izquierdo, levantando sospechas y descontento entre la ciudadanía, que ahora se enfrenta a tres años de posible desfalco y corrupción bajo un equipo de funcionarios que parecen más interesados en servir a sus propios intereses que a los de la comunidad.