La gestión del delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Rogerio Castro Vázquez, se encuentra en el centro de la polémica tras denuncias de despidos arbitrarios de ocho trabajadores administrativos, quienes fueron calificados de manera negativa sin justificación, lo que permite su baja inmediata y sin liquidación.
Los afectados, con entre 10 y 20 años de servicio, denunciaron que fueron calificados sin previo aviso y sin la evaluación de desempeño anual establecida en la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Gobierno Federal.
A través del sistema oficial de Servicio Profesional, descubrieron que el delegado los había calificado como trabajadores deficientes, otorgándoles calificaciones de 43 y 49 puntos, lo que, según la normativa, implica su baja automática.
Violación a los protocolos de evaluación
Fuentes internas de la delegación aseguran que el proceso fue completamente irregular, ya que las evaluaciones deben seguir protocolos estrictos:
• Notificación previa a los trabajadores sobre su evaluación.
• Agendar una cita para que los empleados presenten pruebas de sus metas e indicadores.
• Evaluación con base en documentos oficiales, y no de manera subjetiva.
Sin embargo, ninguno de estos pasos se llevó a cabo, lo que generó inconformidad y sospechas de que la intención real es despedir a los empleados para colocar a personas afines al delegado.
Los afectados han solicitado reuniones con Rogerio Castro, pero el delegado ha evitado darles la cara, dejando en incertidumbre su situación laboral.
Además, temen que si no se revierte esta medida, serán dados de baja en abril sin derecho a indemnización, a pesar de que en evaluaciones previas habían obtenido calificaciones óptimas.
Los trabajadores señalan que, en el pasado, delegados como Silvia Gutiérrez y Joaquín “Huacho” Díaz Mena (actual gobernador de Yucatán) sí respetaron los protocolos de evaluación, garantizando un proceso justo.
También criticaron que Rogerio Castro tomó en cuenta solo tres meses de gestión (octubre a diciembre de 2024) para calificar el desempeño de todo el año, lo que consideran una acción incongruente y sin sustento.
El caso ha generado indignación no solo por las irregularidades en los despidos, sino porque se percibe como un intento de Rogerio Castro de posicionarse políticamente.
Cabe recordar que en el pasado proceso electoral, el funcionario buscó ser candidato a gobernador, y ahora pretende proyectarse como un actor político clave en Yucatán, a costa del despido de empleados de larga trayectoria.