La Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) enfrenta una situación complicada con un presunto fraude facturero que asciende a más de 15 millones de pesos, atribuido a directivos de la empresa de transporte público de pasajeros. Sin embargo, el caso sigue estancado en la Fiscalía General del Estado (FGE), según denuncian los socios de la compañía.
Durante una protesta frente al Palacio de Gobierno esta mañana, los afectados expresaron su frustración por la falta de avance en las investigaciones penales y civiles relacionadas con el fraude. A pesar de haber interpuesto cinco denuncias penales de fuero común y federal, así como civiles, y estar en proceso otras dos querellas, no se han visto resultados tangibles.
El representante de los trabajadores de la ACY, Gabriel Tamayo Duarte, lamentó la lentitud de las investigaciones y señaló que las denuncias presentadas no han tenido el eco esperado por parte de la Fiscalía. A pesar de contar con pruebas contundentes, como la obtención de 15 facturas por un monto superior a los 15 millones de pesos, el paradero del dinero sigue siendo desconocido.
Tamayo Duarte cuestionó cómo una empresa podría gastar una cantidad tan considerable en una asesoría sin conocer los detalles de la misma. Además, mencionó que los socios de la ACY no han recibido los beneficios del apoyo gubernamental ni han sido compensados por la venta de una de sus rutas, mientras que se les perjudicó con un préstamo falso otorgado por el Ejecutivo local y la emisión de facturas apócrifas.
La falta de avance en las investigaciones y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades competentes han generado un clima de incertidumbre entre los socios de la ACY, quienes exigen una pronta resolución a este caso para poder recuperar la confianza en su empresa y en el sistema de justicia.