El arranque del 2025 en Yucatán llega con una carga pesada para las familias: el reemplacamiento vehicular, una medida impulsada por el gobierno de Joaquín Díaz Mena y aprobada sin titubeos por los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde. Este proceso, que tendrá un costo promedio de 6 mil pesos por vehículo, se perfila como un duro golpe a la economía local, afectando a miles de yucatecos que ya enfrentan altos costos de vida.
Sorprende que Morena, partido que en años anteriores criticó severamente este tipo de medidas, ahora no solo las avale, sino que las impulse con fuerza. Durante la administración de Mauricio Vila, se estableció el reemplacamiento cada tres años, pero se esperaba que la actual legislatura revisara la viabilidad de este esquema, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.
Incluso se desechó una propuesta del diputado Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, que buscaba exentar del pago a los vehículos con un valor menor a 500 mil pesos. Esto habría significado un respiro para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, Morena prefirió ignorar esta alternativa, dejando claro que el objetivo es recaudar más dinero, no aliviar la carga económica de los ciudadanos.
La gran incógnita es: ¿para qué se usará este dinero? Los argumentos de “modernización” no convencen. Las carreteras del estado siguen en condiciones precarias, las señaléticas son insuficientes y la infraestructura para motociclistas –un sector creciente y vulnerable– no muestra avances significativos.
Resulta irónico que el partido que constantemente presume de un gobierno federal generoso con los estados recurra a medidas como esta, que impactan directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Más que un reemplacamiento, parece una estrategia para tapar huecos en las finanzas locales o financiar proyectos sin transparencia.
La realidad es que, con esta medida, Morena muestra su desconexión con las necesidades de los yucatecos. En lugar de buscar soluciones creativas y sostenibles para fortalecer la economía, optan por una fórmula fácil: que los ciudadanos paguen, sin importar las consecuencias.
El reemplacamiento de 2025 no solo será un trámite costoso; será el recordatorio de un gobierno que prioriza recaudar a cualquier costo, olvidando que los ciudadanos no son una fuente inagotable de recursos.