En el cierre del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la problemática de la corrupción de menores ha alcanzado cifras preocupantes, con un total de 12,850 denuncias, según el reporte de TResearch. Aunque el año 2023 registró alrededor de 2,669 casos, el promedio anual se ha mantenido por encima de esa cifra, a excepción del año 2022, cuando el país experimentó un aumento significativo con 2,951 denuncias recogidas.
De acuerdo con TResearch, desde el inicio del actual gobierno, los casos de corrupción de menores han ido en aumento, pasando de 2,185 casos en 2018 a 2,699 en el año pasado. Este fenómeno refleja una tendencia preocupante que exige una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
Definición del Delito de Corrupción de Menores según el Código Penal Federal
El delito de corrupción de menores en México está contemplado en el artículo 201 del Código Penal Federal, el cual establece que comete este delito quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad, que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirse a realizar cualquiera de los siguientes actos:
Consumo de bebidas alcohólicas.
Consumo de sustancias tóxicas o narcóticos no medicados.
Mendicidad con fines de explotación.
Comisión de algún delito.
Formar parte de una asociación delictuosa.
Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual.
Urge una Acción Colectiva para Combatir este Fenómeno
Ante este panorama, es crucial que las autoridades, organizaciones civiles y la sociedad en general trabajen de manera conjunta para abordar este problema de manera efectiva. La protección y el bienestar de los menores son responsabilidades que deben ser prioritarias, y es imperativo implementar medidas preventivas y estrategias de intervención para frenar el incremento de casos de corrupción de menores en el país.
La corrupción de menores no solo afecta la integridad de los menores involucrados, sino que también deja secuelas profundas en la sociedad. Es necesario promover la conciencia pública, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes perpetren estos actos. La lucha contra la corrupción de menores requiere un compromiso colectivo y una acción decidida para proteger a la infancia mexicana.
