Las denuncias contra el magistrado Mario Alberto Castro Alcocer exponen una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de Yucatán, en la que se le señala por favorecer sistemáticamente al despacho CG Abogados y a la Notaría Pública 78 de Roberto Augusto Castellanos. La relación entre Castro Alcocer y Castellanos no es casualidad: se remonta a sus inicios en la notaría del padre del actual titular de dicho despacho, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la imparcialidad del magistrado en la impartición de justicia.
Un magistrado bajo sospecha
Castro Alcocer fue designado magistrado durante la administración de Mauricio Vila Dosal, y actualmente opera bajo la influencia de Álvaro Juanes, exasesor de Vila y hoy asesor clave dentro del Poder Judicial. Este grupo de poder no solo maneja los recursos de la institución, sino que también ha permitido excesos, como el uso de dinero público para el financiamiento de boletos de avión destinados a personas cercanas al exgobernador, en un evidente desvío del erario.
Sin embargo, el verdadero escándalo radica en la manera en que Castro Alcocer y Castellanos han tejido una red de jueces a su servicio, garantizando fallos judiciales a la medida de los intereses de CG Abogados y la Notaría 78. El magistrado no solo tiene a jueces alineados a su favor, sino que también cuenta con operadores dentro de la Fiscalía para manipular expedientes y retardar o modificar pruebas a conveniencia.
Entre los principales ejecutores de esta red se encuentran los abogados Delta Zuleana Uc Briceño y Miguel Ángel Gurubel Herrera, ambos con antecedentes en la Fiscalía, lo que les permite manejar información privilegiada y entorpecer procesos según convenga a sus intereses. Las operaciones de este grupo se dirigen desde sus oficinas ubicadas en Calle 60 #356 entre 35 y 37 del Centro de Mérida, donde se presume que se fraguan resoluciones judiciales con desenlaces predecibles a favor de sus clientes.
Una “fábrica de victorias legales”
Documentos filtrados sugieren que múltiples sentencias han sido resueltas a favor de clientes de CG Abogados sin justificación legal clara, más allá de la intervención de jueces afines al magistrado. Además, investigaciones recientes revelan que los expedientes manejados por este despacho son tramitados con una velocidad inusual, contrastando con la lentitud de otros procesos judiciales similares. Esto refuerza las sospechas de que Castro Alcocer dirige una maquinaria de favores dentro del Poder Judicial, asegurando que los casos vinculados a su círculo cercano se resuelvan con rapidez y en su beneficio.
¿Justicia para unos cuantos?
Las acusaciones contra Mario Alberto Castro Alcocer son demasiado graves como para ser ignoradas. Su papel como magistrado debería garantizar imparcialidad y equidad, pero en su lugar, se ha convertido en el arquitecto de una red de privilegios, tráfico de influencias y manipulación judicial.
La pregunta es clara: ¿Seguirá imperando la impunidad en el Poder Judicial de Yucatán o se investigará a fondo esta red de corrupción? La ciudadanía exige transparencia, respuestas y, sobre todo, una justicia que no esté al servicio de unos cuantos.