La sombra de la corrupción vuelve a alcanzar a Mauricio Sahuí Rivero, exsecretario de Desarrollo Social y excandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán en 2018, quien enfrenta serios señalamientos por presuntas irregularidades en la compra y venta de terrenos en el estado. Su nombre aparece vinculado a un crecimiento patrimonial descomunal y a maniobras de despojo y especulación inmobiliaria, que han afectado a cientos de familias y ejidatarios en la región.
Uno de los aspectos más cuestionados en la trayectoria de Sahuí Rivero es su repentina bonanza inmobiliaria. En un lapso de 10 años, el exfuncionario y al menos 12 personas de su círculo cercano adquirieron 607 propiedades en Yucatán, lo que equivale a una compra cada seis días. Entre los involucrados están su esposa, padres, hermanas y cuñados, quienes habrían participado en estas transacciones bajo esquemas que levantan serias dudas sobre su legalidad.
Lo que más llama la atención es que durante todo ese tiempo, Sahuí únicamente desempeñó cargos públicos, como director de Transporte, presidente del PRI estatal, diputado federal y secretario estatal de Desarrollo Social. No hay registro de que haya ejercido actividad empresarial alguna que justificara tal crecimiento patrimonial.
Además, los precios de compra de muchas de estas propiedades eran considerablemente inferiores a los valores de mercado, lo que sugiere la posible intervención de redes dedicadas a la apropiación irregular de tierras ejidales y su posterior revalorización en el mercado inmobiliario.
El patrimonio de esta red pasó de 25 propiedades a 607 en 11 años, lo que representa un incremento del 2,276%, algo que simplemente no se sostiene sin el uso de influencias políticas y maniobras al margen de la ley.
Las acusaciones contra el exfuncionario no se limitan a la simple compra de terrenos, sino a un modus operandi que involucra la adquisición de tierras a bajo costo para luego revenderlas a precios exorbitantes, en detrimento de familias y ejidatarios que fueron desplazados de sus tierras.
De acuerdo con diversas denuncias, durante su paso por la administración pública, Sahuí utilizó su poder e influencia para facilitar permisos y regularizaciones que beneficiaron a ciertos grupos inmobiliarios. En varios casos, se han documentado operaciones donde las tierras ejidales pasaron repentinamente a propiedad privada, en lo que parece ser un claro esquema de despojo y especulación.
Estas prácticas no solo afectaron a comunidades que perdieron sus tierras, sino que también distorsionaron el mercado inmobiliario, encareciendo los precios de la vivienda en diversas zonas del estado.
Pese a los señalamientos, Sahuí Rivero ha tratado de mantenerse vigente en la escena política de Yucatán, impulsando su imagen como “experto en políticas públicas” y participando en foros sobre desarrollo social y urbano. Sin embargo, su nombre sigue ligado a operaciones irregulares que han dejado a muchas familias en la incertidumbre.
Hasta ahora, el exfuncionario ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que no hay investigaciones en su contra. No obstante, el incremento inexplicable de su patrimonio, las conexiones con actores del sector inmobiliario y la venta de tierras en condiciones cuestionables siguen alimentando sospechas sobre su papel en la corrupción que ha afectado el desarrollo urbano del estado.