El Ayuntamiento de Mérida, encabezado por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones sobre una red de nepotismo y asignación irregular de contratos a empresas vinculadas a operadores financieros de su campaña. En el centro de la controversia se encuentra Mario Medina Díaz, encargado de la operación financiera de la campaña de la actual alcaldesa, quien ha favorecido a su cuñado Ricardo Sosa Martínez y a su socio Sergio Diez Bolio “Cheko” con cuantiosos contratos de obra pública a través de la empresa Urbica Grupo Constructor y otras empresas factureras ligados a ellos.
Fuentes cercanas al Ayuntamiento han revelado que Urbica Grupo Constructor ha sido beneficiada con una cantidad significativa de contratos de construcción en los últimos meses, lo que ha despertado sospechas sobre posibles actos de corrupción y favoritismo en la adjudicación de obras públicas, el mismo cuñado de Mario Medina que es una persona muy comunicativa se jacta que su cuñado es el que manda y decide sobre la alcaldesa.
Pero el escándalo no termina ahí. El cinismo de Mario Medina Díaz ha alcanzado nuevos niveles, ya que sus propios hermanos, Mauricio y Rodrigo Medina, han adquirido maquinaria pesada y formado su propia constructora, con la evidente intención de integrarse al circuito de asignaciones dentro del Ayuntamiento de Mérida. Esto sugiere la consolidación de un entramado familiar para la obtención de recursos públicos mediante licitaciones y contratos favorecidos.
Además, se encuentra en investigación la posible compra de facturas falsas y otros negocios de arrendamiento en los que Mario Medina Díaz y sus familiares estarían implicados, ademas del operador que dice controlar que se ubica en la colonia México, generando facturaciones irregulares dentro del Ayuntamiento de Mérida. Estas prácticas podrían configurar delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
Ante estas denuncias, la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración municipal, así como una investigación a fondo para determinar la legalidad de estas adjudicaciones y, en su caso, las sanciones correspondientes a los responsables de estos actos.