El juez federal Leo Sorokin, del tribunal de distrito de Boston, dejó entrever este viernes que tiene la intención de mantener en pie su decisión previa de bloquear a nivel nacional el decreto del presidente Donald Trump que elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus legal temporal.
Durante una audiencia de más de una hora, Sorokin interrogó tanto a abogados del gobierno federal como a representantes legales de un grupo de fiscales generales demócratas, que incluyen a más de una docena de estados, el Distrito de Columbia y varias ciudades. El foco del debate fue si el fallo original, que bloqueaba la aplicación del decreto en todo el país, puede seguir vigente tras la reciente decisión de la Corte Suprema que limita el alcance de las órdenes judiciales emitidas por tribunales inferiores.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense” instruye al gobierno federal a no emitir documentos de ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres estén en el país sin autorización legal o con visas temporales.
La Corte Suprema, en su fallo del 27 de junio, dictaminó que la administración no podrá hacer cumplir esta política durante al menos 30 días, aunque sí puede avanzar en el diseño de directrices para su eventual implementación.
En la audiencia, el Departamento de Justicia propuso que, en lugar de un bloqueo total, se permita un enfoque intermedio: mantener el acceso de los niños afectados a programas federales de beneficios administrados por los estados, aun si no se les reconoce oficialmente como ciudadanos. El abogado del Departamento, Eric Hamilton, explicó que el gobierno seguiría reembolsando a los estados por esos servicios, como se ha hecho históricamente.
Sorokin se mostró escéptico ante esa propuesta, cuestionando repetidamente su viabilidad. “¿Cómo sé que es viable, factible, practicable?”, preguntó el juez. Hamilton respondió que el gobierno cumpliría con la orden judicial, y que, en caso de dificultades, las notificaría al tribunal.
Por su parte, los abogados de los estados demandantes rechazaron de plano la idea de un interdicto alternativo. Shankar Duraiswamy, representante legal de Nueva Jersey, advirtió que cualquier medida que no bloquee completamente el decreto obligaría a los estados a rediseñar sus sistemas de verificación de elegibilidad para beneficios sociales, lo cual resultaría costoso y complejo. Además, alertó sobre un posible desplazamiento de familias hacia estados donde la política sí esté bloqueada, lo que generaría presión adicional sobre los sistemas sociales estatales.
“Una acción ejecutiva flagrantemente inconstitucional no se resuelve con soluciones a medias”, concluyó Duraiswamy.
El decreto de Trump ha sido bloqueado en otros tribunales federales y su legalidad sigue siendo objeto de intensos debates. Todo apunta a que el caso terminará nuevamente en la Corte Suprema, que deberá decidir si la medida es compatible con la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.