El colapso de la gestión de Francisco “Panchito” Torres Rivas al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) es inminente. Su administración está marcada por un presunto desfalco millonario y escándalos de alcoholismo que han convertido a la dependencia en un caos. Sin embargo, en lugar de castigarlo, el gobierno estatal planea una maniobra para protegerlo y evitar que su caída arrastre a otros involucrados.
Desde hace meses, empleados de la JAPAY han denunciado que Torres Rivas prácticamente no está en condiciones para dirigir la dependencia. Testimonios internos aseguran que el funcionario llega ebrio de manera recurrente, lo que ha generado incertidumbre, desorden y un evidente deterioro en la administración del organismo encargado del suministro de agua en Yucatán.
A esto se suma la revelación de un desfalco millonario en la JAPAY, que ha encendido las alarmas dentro del gobierno estatal. Sin embargo, lejos de proceder legalmente en su contra, se está fraguando una estrategia para reubicarlo discretamente en otra dependencia, en lugar de someterlo a un proceso de rendición de cuentas.
Protección en lugar de justicia: lo mandan a una dependencia de mujeres
Lejos de enfrentar la justicia, Torres Rivas será “enrocado” a otra institución, en un intento por diluir el escándalo. Todo indica que su nuevo destino será una dependencia enfocada en temas de mujeres, bajo el control de Mario Millet, un movimiento que deja claro que lo están protegiendo de un mayor escrutinio público.
Esto no es más que un claro ejemplo de cómo opera el pacto de impunidad dentro del gobierno: en lugar de destituir y procesar a un funcionario señalado por corrupción, se le recompensa con otro cargo.
¿Habrá consecuencias reales o todo quedará en encubrimiento?
La indignación entre empleados de la JAPAY y la ciudadanía en general crece al ver que, una vez más, un político señalado por corrupción evade cualquier tipo de consecuencia real. ¿Por qué el gobierno protege a Torres Rivas? ¿Cuánto dinero desapareció realmente en su administración?
Si el gobernador permite que Torres Rivas se mantenga en la estructura gubernamental, quedará claro que los intereses políticos pesan más que la transparencia y la justicia. Mientras tanto, la JAPAY queda en ruinas y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de la corrupción e ineptitud de sus funcionarios.