En el marco de la próxima renovación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY), emerge una grave acusación contra uno de los candidatos confirmados. Hernán Vega Burgos, quien participó en la reunión convocada por el subsecretario Pablo Castro Alcocer anteayer, fue señalado por presuntos vínculos con redes de trata de personas durante su trayectoria previa en el Instituto Nacional de Migración (INM).
La información, documentada en expedientes internos del INM consultados por este medio, indica que Vega Burgos habría sido investigado por facilitar la movilidad de grupos delictivos dedicados a la trata entre 2018 y 2020, aunque no enfrentó cargos formales.
Estas revelaciones surgen mientras el gobierno estatal impulsa su designación como magistrado bajo un esquema cuestionado por organizaciones civiles, que lo califican de “mafia judicial”.
El resto de los aspirantes reunidos –Jenny Mariana García Brito, Erika Torres López, Sofía Cámara Gamboa, Sary Ávila Novelo, Kenny Burgos Salazar, Gerardo Chacón Tuyub y Daniel Sulub Suaste– no registran señalamientos análogos públicos.
Sin embargo, la sombra sobre Vega Burgos intensifica el debate sobre los mecanismos de selección y la transparencia en el Poder Judicial.
La Secretaría de Gobierno declinó comentar los antecedentes específicos del candidato, limitándose a afirmar que “todos los nombramientos cumplen con los requisitos legales”. Organizaciones exigen una auditoría independiente a los perfiles de los postulados antes de la votación definitiva en el Congreso local, prevista para junio.