Desde el pasado 15 de septiembre, el Poder Judicial del Estado de Yucatán inició un proceso de reestructuración interna que derivó en la salida de un grupo de funcionarios identificados como cercanos al exgobernador Mauricio Vila Dosal, quienes habían encontrado acomodo en distintas áreas de la institución tras concluir la gestión estatal.
De acuerdo con información recabada, los despidos se dieron luego de los recientes cambios en el pleno de magistrados, lo que modificó el equilibrio interno del Poder Judicial y abrió paso a una nueva etapa administrativa. En este contexto, diversos servidores públicos que habían sido señalados como protegidos del exmandatario fueron cesados de sus cargos, en lo que algunos observadores describen como un “ajuste inevitable” en medio de la recomposición de fuerzas dentro de la institución.
Entre los nombres que destacan se encuentran Giovanna Paula Bacelis Medina, quien se desempeñaba como directora de la Unidad de Planeación; Silvia Elena Lara Medina, directora del Instituto de Capacitación; Edgar Ramón Gómez Martínez, subdirector de Tecnologías de Información y Comunicaciones; Jesús Morales Morales, coordinador del área “A” de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social; Irving Ayuso Méndez, coordinador del área “B” del Instituto de Capacitación, y Ana Teresa Silveira Cervera, directora de la Unidad de Comunicación Social y Protocolo.
Asimismo, fueron dados de baja Rodrigo Solís Pasos, director de Tecnologías de Información y Comunicaciones; Jimena Espinosa Correa, secretaria ejecutiva; Ricardo Peón Medina, jefe de departamento “B” de la Coordinación de los Juzgados Civiles y Familiares; Manuel Jesús Campos Ancona, administrador “A” de la Dirección de Administración y Finanzas; Javier René Ku Sánchez, subdirector del departamento de Recursos Humanos, y Liliana Guadalupe Canul Pantoja, coordinadora del área “A” también en Recursos Humanos.
Los movimientos han sido interpretados como parte de un reacomodo institucional tras el cambio de magistrados, lo que impacta directamente en las estructuras administrativas y operativas. Analistas del ámbito judicial señalan que este tipo de ajustes suelen acompañar a los relevos en las altas esferas del Poder Judicial, aunque en esta ocasión cobra relevancia por el perfil político de varios de los cesados.
Si bien no se han emitido posturas oficiales sobre el trasfondo de las decisiones, los despidos generan interrogantes sobre la permanencia de otros funcionarios con vínculos a la administración vilista, así como sobre el rumbo que tomará el Poder Judicial en materia de independencia, profesionalización y confianza ciudadana.
Lo cierto es que, con estas bajas, la institución da señales de querer marcar distancia de influencias externas y abrir espacio a nuevos perfiles, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más demandadas por la sociedad yucateca.