Una adjudicación directa por casi 77 millones de pesos para la construcción de un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche ha desatado una serie de señalamientos hacia la alcaldesa Layda Sansores y Marcela Muñoz Martinez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.
La empresa beneficiada, Constructora Silto, S.A. de C.V., fue legalmente constituida el 24 de febrero de 2022, según la escritura pública 19,033. Hasta el 15 de diciembre de 2023, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no registraba ningún contrato a su nombre. No obstante, la firma recibió el contrato SEDUMOP-DGAGOP-ADO-009-2023 por un monto de 76 millones 920 mil 350 pesos sin pasar por un proceso de licitación pública.
Esta adjudicación, realizada por Bernard Rehn, encargado de despacho de la Seduopi, y Marcela Muñoz, se hizo argumentando que Constructora Silto contaba con “experiencia en obras similares”, a pesar de que su único contrato registrado es el que le otorgó el gobierno de Sansores.
Alejandro Vilchis Flores, administrador único de Silto, firmó el contrato junto con Rehn y Muñoz. Sin embargo, el domicilio registrado de la empresa en la calle Porvenir, número 140, Edificio 3C, departamento 303, colonia Las Arboledas, alcaldía Tláhuac, CDMX, parece ser una unidad habitacional de interés social sin señales de la actividad empresarial de Silto.
Este hecho ha provocado críticas y cuestionamientos sobre la relación entre Sansores y Muñoz, especialmente en medio de la crisis por la agresión a policías estatales en el penal de Kobén. Se especula que este negocio podría ser uno de los motivos de la estrecha relación entre ambas funcionarias ante la creciente presión ciudadana.