Con el apoyo de sus ediles cercanos, el alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, oficializó el cobro de 153 mil 535 pesos a los empresarios que tramiten la renovación de las licencias de funcionamiento de negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, como una “salida decente” a las acusaciones de extorsión que hizo pública la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay) desde marzo pasado.

Como informamos, los socios de la Arvay denunciaron que Alfredo Fernández y su tesorero municipal, Joaquín Alberto Valladares Dzib, exigían 150 mil pesos como “donativo” obligatorio al otorgamiento de los permisos municipales de funcionamiento de los negocios vinculados con la venta de licores y cervezas. Recurrieron a sus equipos legales para denunciar penalmente lo que calificaron como una extorsión.

En sesión de Cabildo, con el mayoriteo de los ediles de su grupo político, a un mes de terminar el ejercicio 2023, Alfredo Fernández oficializó el cobro del nuevo impuesto, el cual sustituye a los “donativos” obligatorios a los restauranteros, que nunca se reportaban en los ingresos municipales.

La “extorsión oficializada”, como la tildaron los socios de tres agrupaciones empresariales (la Arvay, Prestadores de Servicios Turísticos y Empresarios del Centro de Valladolid) representa un aumento del 600 por ciento en el costo de la renovación de las licencias de funcionamiento, y advierten que la medida desincentiva la inversión y frena el crecimiento económico de la Sultana del Oriente.

Alfredo Fernández defendió la extorsión argumentando que simplemente se reglamentó un cobro que se hacía bajo el agua, que los empresarios cubrían a criterio de los alcaldes en turno: “Ya no queremos que los amigos o familiares de los presidentes municipales en turno paguen menos que los demás”.