Lo que durante años se vendió como una historia de superación y ascenso político terminó por colapsar de manera estrepitosa. Rogerio Castro Vázquez, hasta hace unos días delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, fue removido de su cargo de forma fulminante, en medio de señalamientos por abuso de poder, incompetencia administrativa y presuntos fraudes que terminaron por volverlo insostenible dentro del aparato federal.
Su salida no fue producto de una transición ordenada ni de un relevo pactado. De acuerdo con fuentes oficiales, la instrucción vino directamente desde la cúpula federal, y fue la propia secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien le exigió la renuncia, cansada de los constantes conflictos, la falta de resultados y un historial que ya no podía seguir siendo ignorado.
Incompetencia, conflictos y programas sin rumbo
Uno de los principales motivos de su remoción fue la incapacidad para operar con eficacia los programas sociales bajo su responsabilidad. Lejos de fortalecer la política social en Yucatán, su gestión estuvo marcada por quejas internas, desorden administrativo y tensiones constantes, lo que encendió focos rojos en oficinas centrales.
El discurso de cercanía con la gente contrastó con una realidad de ineficiencia y desgaste, lo que terminó por acelerar su caída.
Un expediente que venía creciendo
La salida de Rogerio Castro no se explica solo por su paso reciente en Bienestar. Detrás hay un expediente largo y oscuro que comenzó a hacerse visible con mayor fuerza en los últimos meses.
El exdelegado enfrenta denuncias formales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se le acusa de hostigamiento laboral, humillaciones y despidos injustificados. Entre los casos señalados se encuentran los de Roger Benjamín Caamal, Wilger Ravell y Jorge Collí, quienes habrían sido separados de sus cargos tras presuntas manipulaciones en sus evaluaciones.
Lejos de un liderazgo institucional, los señalamientos describen un estilo de mando autoritario y revanchista, que utilizó la estructura pública como herramienta de castigo.
La sombra del Infonavit y los fraudes millonarios
El historial de controversias se extiende hasta su paso como Secretario General del Infonavit (2018-2024), donde investigaciones y denuncias lo vinculan con fraudes millonarios que habrían afectado a miles de derechohabientes.
Las indagatorias también apuntan a un control familiar de estructuras públicas, destacando el papel de su esposa, Gladys Uc, actual directora del IEAEY, lo que ha levantado sospechas sobre redes de influencia y conflicto de intereses.
A ello se suma el crecimiento “inexplicable” de su patrimonio personal, que contrasta de manera evidente con su origen humilde y que ha detonado cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos.
De operador clave a lastre político
Paradójicamente, quien fue pieza clave para la llegada de Joaquín “Huacho” Díaz Mena al poder, tras declinar su propia candidatura en 2015, hoy se ha convertido en un problema político que Morena y el gobierno federal prefirieron cortar de raíz.
Su imagen pública terminó de desmoronarse tras recientes entrevistas en las que evadió responder sobre atropellos laborales y acusaciones directas, confirmando más con sus silencios que con sus palabras.
¿Y ahora qué sigue?
Con la salida de Rogerio Castro de la delegación del Bienestar, se abre la puerta para que instancias de derechos humanos y órganos fiscalizadores profundicen en las denuncias que lo rodean. La gran incógnita es si su caída será solo administrativa o si derivará en consecuencias legales reales.
Por ahora, su caso se convierte en otro ejemplo del desgaste interno, las fracturas políticas y los costos de tolerar abusos dentro de un movimiento que prometió ser distinto, pero que sigue enfrentando los fantasmas del poder mal ejercido.