El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado vivió una intensa sesión este 20 de diciembre al debatir la posible violación a una suspensión dictada por un juez federal que podría derivar en la destitución y consignación del Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León. El caso está relacionado con la entrega de los hoteles Mayaland al empresario Fernando Eugenio Barbachano Herrero, en cumplimiento de una orden del Juez Primero de Distrito.
Según el magistrado Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero, el fiscal incumplió dicha suspensión, que estuvo vigente durante cinco meses, al no garantizar la restitución de los inmuebles al empresario.
Posturas encontradas Arcovedo Montero, en su voto disidente, calificó el incumplimiento como evidente y suficiente para considerar que el fiscal sí violó la suspensión ordenada por el juez de distritol. “La violación a la suspensión no solo es clara, sino que representa un acto de desobediencia que afecta gravemente la impartición de justicia”, afirmó. Sin embargo, los magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya y Juan Carlos Moreno López argumentaron que, si bien los hoteles no han sido entregados, León León realizó gestiones para cumplir parcialmente con la suspensión, lo que, según ellos, descarta un desacato flagrante.
Un caso de alto perfil, El conflicto por los hoteles Mayaland ha generado un amplio debate jurídico en el estado, al involucrar temas de abuso de autoridad, incumplimiento de la ley, impunidad y la responsabilidad de altos funcionarios.
El empresario Barbachano Herrero sostiene que es el legítimo propietario de los inmuebles y acusa a las autoridades estatales de obstaculizar la restitución. La falta de consenso entre los magistrados refleja las tensiones al interior del Tribunal Colegiado.
Mientras tanto, la omisión en la entrega de los hoteles a su legítimo propietario que puede derivar en la posible destitución del fiscal León León, añade un nuevo giro al caso, que se perfila como uno de los más polémicos del ámbito judicial yucateco en los últimos años. El futuro del Fiscal General de Yucatán sigue siendo incierto, pero se mantiene bajo el escrutinio público y judicial, marcando un precedente sobre la responsabilidad y el cumplimiento de las autoridades ante mandatos federales.