El sur del municipio de Ucú, Yucatán, está siendo testigo de una alarmante deforestación de más de 2,760 hectáreas de selva para dar paso a la construcción del megaproyecto Ciudad Ucú, que forma parte del Plan Renacimiento Maya, impulsado por el gobierno del estado. En una reciente ponencia, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, presentó este proyecto como un “moderno polo del bienestar”, con una propuesta que incluye la construcción de 10 mil viviendas económicas y una zona industrial que abarcará un total de 3 mil hectáreas, dotadas de infraestructura completa, incluyendo agua y electricidad.
Sin embargo, detrás de este aparente progreso, la realidad es mucho más sombría. La masiva deforestación de la selva yucateca, uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del estado, está teniendo un impacto devastador. El costo ambiental de este proyecto es incalculable, con la desaparición de áreas naturales vitales para el equilibrio ecológico, el hábitat de especies protegidas y el sustento de las comunidades locales que dependen de estos recursos.
Aunque el gobierno argumenta que Ciudad Ucú traerá desarrollo y empleo a la región, la destrucción de la selva para construir una ciudad industrializada plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de este tipo de proyectos. ¿Realmente se está priorizando el bienestar de la población a largo plazo o se está sacrificando el medio ambiente y el patrimonio natural por ganancias económicas a corto plazo?
Expertos en ecología y urbanismo han señalado que la construcción de infraestructura en zonas de selva provoca daños irreparables al ecosistema, incluyendo la pérdida de biodiversidad, el cambio en los patrones climáticos locales y la disminución de la capacidad de la región para absorber carbono. Además, existen preocupaciones sobre el acceso al agua, ya que la península de Yucatán tiene un acuífero frágil, y el incremento de demanda podría generar sobreexplotación y contaminación de los mantos freáticos.
El proyecto Ciudad Ucú es un ejemplo más de cómo el desarrollo económico puede chocar con la conservación ambiental, y aunque los beneficios sociales se prometen, la destrucción ambiental que deja a su paso podría tener repercusiones irreversibles para el futuro del estado. Yucatán no puede permitirse perder su selva en nombre de un desarrollo mal planificado.