miércoles, diciembre 11, 2024
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Claudia Sheinbaum espió a contrincantes y militantes de Morena

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Santiago Taboada, aspirante de oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2021 ha acusado a Claudia Sheinbaum y a la fiscalía de la capital mexicana de solicitar acceso a sus registros telefónicos y a los de otros políticos destacados. Esta acusación resalta la creciente preocupación sobre el supuesto abuso de poder con fines políticos por parte de elementos de la fiscalía capitalina. La fiscalía ha negado categóricamente estas acusaciones.

Taboada, actual gobernante de la alcaldía Benito Juárez, ha calificado la solicitud de registros telefónicos como “persecución política” y ha expuesto públicamente la situación a través de sus redes sociales. Según informes iniciales de The New York Times, la solicitud de registros afecta a más de una decena de políticos, incluyendo figuras de la oposición y miembros destacados del partido gobernante, Morena.

Se alega que la fiscalía solicitó a la empresa de telefonía Telcel los registros telefónicos y mensajes de texto como parte de una investigación. La fiscalía ha afirmado que no realiza espionaje político y ha calificado las solicitudes como “falsas”. La existencia de estos documentos ha sido referida para investigación a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Este caso se suma a la preocupación creciente sobre el uso político del poder por parte de la fiscalía, y resalta el desafío continuo del presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin al espionaje político en México. El tema es especialmente delicado para López Obrador, quien fue objeto de espionaje gubernamental en décadas anteriores. Aunque el presidente asegura que el gobierno ya no realiza actividades de espionaje a nivel nacional, informes recientes sugieren el uso continuado del spyware Pegasus para intervenir los teléfonos de defensores de los derechos humanos.

Este incidente se suma a otros casos en los que la fiscalía capitalina ha sido acusada de utilizar la ley con fines políticos, lo que destaca la creciente preocupación sobre la independencia y el uso adecuado de las instituciones judiciales en México.

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