PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró recientemente un predio de tres hectáreas en Playacar, donde la desarrolladora AWA Signature arrasó con selva nativa, hábitat de especies protegidas como el venado cola blanca, aves endémicas y flora en riesgo de desaparición.
A pesar de los sellos de clausura colocados por la autoridad federal, el daño ya es irreversible. El terreno, que antes albergaba biodiversidad vital, ahora es solo un registro de árboles talados, ecosistemas destruidos y fauna desplazada.
Una clausura que llega demasiado tarde
Activistas y ciudadanos denuncian que la intervención de PROFEPA, encabezada por Mariana Boy, llega con retraso y sin respuestas claras. “Las autoridades llegan siempre después. Lo que necesitamos es prevención, no sólo reacción”, señaló un ambientalista que ha documentado la deforestación sistemática en la zona.
Las preguntas clave siguen sin respuesta:
- ¿Existían permisos ambientales válidos?
- ¿Se emprenderán acciones penales contra la empresa responsable?
- ¿Qué sucederá con la fauna silvestre desplazada?
La selva no se recupera con sellos
Este caso no es aislado. Se suma a una ola de proyectos inmobiliarios que han ignorado el equilibrio ecológico bajo el argumento del progreso. Sin embargo, el avance desmedido del desarrollo urbano en zonas de alto valor ambiental está llevando a una crisis silenciosa pero devastadora.
#ClausuraPlayacar, #EcocidioRivieraMaya y #SelvaEnPeligro se han convertido en etiquetas utilizadas en redes para exigir planificación urbana responsable y protección real de los ecosistemas.
Un llamado urgente
Desde la sociedad civil se exige transparencia, sanciones ejemplares y una nueva política de desarrollo sustentable en el Caribe mexicano. La clausura de Playacar debe marcar un precedente, no ser un acto simbólico que oculte la complicidad institucional ante un ecocidio consumado.