La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró las obras que la empresa avícola CRIO realizaba en el sitio arqueológico de Tzemé, ubicado en la comunidad maya de Kinchil, luego de varias semanas de denuncias por destrucción del patrimonio arqueológico y daño ambiental en la zona.
La intervención de PROFEPA ocurrió después de casi un mes de que el Consejo Comunitario de Kinchil presentara una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la que advertían sobre los trabajos irregulares que la empresa llevaba a cabo en terrenos que forman parte de un sitio con vestigios prehispánicos y alto valor ecológico.
De acuerdo con los denunciantes, CRIO inició la construcción a mediados de octubre. El 17 de ese mes, cuando los daños aún eran incipientes, el Consejo Comunitario presentó un informe detallado ante el Centro INAH Yucatán. Sin embargo, el organismo federal tardó más de diez días en realizar una inspección y emitir una orden de suspensión. Pese a ello, la empresa continuó con las obras, sin que el INAH tomara medidas para hacer cumplir la suspensión.
Con la clausura de PROFEPA, la empresa acumula ahora dos órdenes de suspensión vigentes. Si persiste en los trabajos, estaría incurriendo en un delito federal doble: por violar disposiciones ambientales y por incumplir la normativa en materia de protección del patrimonio arqueológico.
Tras la clausura, representantes del Consejo Comunitario de Kinchil y posesionarios del lugar acudieron al sitio para constatar los daños y expresaron su indignación. “Venimos a constatar la clausura por parte de PROFEPA de este lugar devastado, porque era una selva, hogar de especies en peligro de extinción. Es un primer paso en esta lucha comunitaria ambiental que estamos haciendo para proteger nuestro patrimonio y el pasado histórico y cultural”, declaró Federico May, integrante del Consejo.
El activista señaló que al caminar por el área se pueden observar restos de vasijas y materiales arqueológicos dispersos, evidencia del daño ocasionado. “Solamente acá caminando nos encontramos con restos de vasijas de nuestros antepasados, para tener una idea de la devastación y el desastre que ha ocasionado esta empresa violando todas las leyes ambientales y culturales”, agregó.
Por su parte, Félix Canul, habitante de Kinchil, relató que su familia posee un rancho en la zona desde hace cuatro generaciones y que las obras de la empresa afectaron sus tierras directamente. “CRIO tumbó nuestro cerco de alambre, lo que provocó que el ganado se dispersara y lo perdiéramos sin poderlo recuperar. El cerro Kolotsó nadie lo tocó por cientos de años, y ellos lo destruyeron. Estoy muy triste por ver cómo lo están acabando todo. Ni el INAH ni ninguna autoridad hace nada por proteger este lugar”, lamentó.
Canul también advirtió sobre el riesgo ambiental que representa la instalación de la granja en un área donde el manto freático se encuentra a poca profundidad. “El agua está a solo dos metros, lo que significará una tremenda contaminación por la granja”, afirmó.
Otra habitante, Gregoria del Rosario, apicultora de la comunidad, señaló que la devastación ha impactado directamente en la producción de miel y en la flora local. “La colmena está llena de moscas y eso afecta la producción. Aquí había orégano y trabajábamos con él. Ahora todo el monte está devastado. El gobierno habla de un ‘Renacimiento Maya’, pero a los verdaderos mayas no nos escucha ni nos apoya”, expresó.
Del Rosario denunció además la pérdida de más de cien cabezas de ganado de su familia y de sus vecinos, producto de la destrucción de los cercos y la pérdida de forraje natural. “Sin árboles no tenemos floración para las abejas, sin pasto no tenemos alimento para el ganado. El gobierno debe hacer justicia y detener esta devastación”, reclamó.
El director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, calificó como “una contradicción terrible” que el INAH y el Gobierno del Estado firmaran un convenio para proteger el patrimonio arqueológico el mismo día en que la devastación continuaba en Tzemé. “El 12 de noviembre, mientras se anunciaba el convenio, había camiones trayendo material para seguir tapando los vestigios de esta ciudad maya. Es una burla que el INAH firme acuerdos de protección mientras permite que una empresa siga destruyendo el patrimonio”, sostuvo.
Oceransky subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio natural y cultural de Yucatán. “Necesitamos instituciones capaces de detener la devastación del patrimonio ecológico y de sancionar a quienes cometen estos crímenes. Pero cuando hay intereses económicos fuertes, estos mecanismos no funcionan”, advirtió.