En septiembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador pronunció una frase que quedó como máxima: “en este país nada se mueve sin que el presidente lo sepa” —o, como lo dijo en varias ocasiones, que “el presidente está informado de todo lo que sucede”. Esa sentencia sirvió entonces para marcar la diferencia moral frente a sexenios anteriores: no más impunidad, no más sopotocientos pactos oscuros bajo la alfombra. Hoy, esa misma frase se convierte en una prueba ácida: si el presidente lo sabe todo, ¿cómo se explica que una red de huachicol fiscal operara con participación de marinos, hasta que el propio ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, la denunció y la Fiscalía abrió carpeta?
Los hechos recientes son concretos y contundentes. Investigaciones y operativos que se dieron a conocer en septiembre de 2025 detallan la detención y vinculación a proceso de marinos —incluido un vicealmirante— y varios funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a una red que introducía diésel mediante documentación falsa: una modalidad conocida como “huachicol fiscal”. La Fiscalía y las autoridades federales informaron del aseguramiento de más de 10 millones de litros de diésel en operativos que remontan a marzo de 2025 y de la participación de actores con acceso a puertos y aduanas.
Aquí hay tres líneas de reflexión que no se pueden eludir.
1) La narrativa presidencial frente a la evidencia
Si aceptamos la premisa amlista —que el presidente se entera de todo— las posibilidades se reducen a dos y ninguna es cómoda: o AMLO sí sabía de las irregularidades y no actuó con la firmeza que su discurso prometía, o no sabía y entonces su frase de 2019 fue una generalización falsa, propia de un verbo grandilocuente y no de un diagnóstico honesto. En ambos casos, la confianza pública en la “Cuarta Transformación” se resiente. La FGR, al señalar que la denuncia partió del ex titular de la Marina y que las averiguaciones han venido madurando desde 2022, añade sal a la herida: si hubo avisos internos, ¿por qué no se tradujeron en freno efectivo y sanciones oportunas?
2) No es un incidente aislado: patrón histórico de infiltración
El huachicol no es nuevo; es un fenómeno que ha mutado. Antes era “picar” ductos en tierra; hoy existe también el huachicol fiscal: operaciones de contrabando que usan facturas y estructuras para blanquear combustible sin pagar impuestos. En los últimos años ha habido múltiples golpes a redes que involucraban tanto civiles como servidores públicos, incluidos casos en los que personal de aduanas o de fuerzas armadas han sido mencionados. Cuando las instituciones encargadas de vigilar puertos, aduanas y ductos están implicadas, el problema deja de ser delincuencia común y se convierte en corrupción sistémica que erosiona la capacidad del Estado para cobrar impuestos, regular mercado y garantizar seguridad.
3) Consecuencias políticas y económicas: no es sólo escándalo, es daño tangible
Más allá del escándalo mediático, el huachicol fiscal tiene efectos concretos: fuga de recursos fiscales, competencia desleal para empresas que cumplen con obligaciones, y riesgos para la seguridad energética nacional. Que marinos —la fuerza que se presume garante de puertos y seguridad marítima— estén señalados en una red de este tipo, y que el problema haya sido denunciado desde dentro, abre preguntas sobre el diseño institucional: ¿se concentró demasiado poder sin controles efectivos? ¿La militarización de aduanas y puertos incrementó la opacidad? Las respuestas son incómodas porque tocan decisiones políticas deliberadas.
Una demanda clara: verdad, cuentas y medidas estructurales
No basta con aislar responsables y repetir que “es una mancha” que no representa a la institución. Si la frase de 2019 se mantiene como estándar moral, la exigencia pública debe ser proporcional: transparencia completa de las investigaciones, publicación de auditorías forenses sobre el circuito de combustibles implicado, y reformas que rompan el acceso discrecional a puertos y documentos fiscales —incluido un control civil y parlamentario real sobre las funciones que se tercerizan o militarizan. Además, quienes en el aparato de gobierno hayan recibido denuncias formales deben rendir cuentas: ¿quién recibió qué, cuándo y qué hizo después? La FGR ha argumentado que la denuncia la presentó Ojeda y que llevarla a resultados tomó tiempo por la necesidad de pruebas; eso no exime el deber político de dar explicaciones puntuales sobre cadenas de mando y omisiones.
Cierre: del cinismo a la exigencia ciudadana
La corrupción verticalizada —esa que, según la propia retórica presidencial, no ocurre sin conocimiento del primer mandatario— exige respuestas claras y no retórica. Los ciudadanos merecen saber si la máxima de 2019 fue una guía ética o una frase de conveniencia. Exigir verdad no es golpismo: es reparación institucional. Y mientras no haya claridad y sanciones proporcionales, cualquier discurso de “cero corrupción” seguirá pareciendo un eslogan vacío que la realidad desmiente a costo del erario y de la confianza pública.
Si quieres, transformo esta columna en una pieza lista para publicar (con titular para prensa, sumario y tuit/lead para Facebook) o preparo un recuadro con la línea temporal de la denuncia (fechas de denuncia de Ojeda, incautación de marzo de 2025, detenciones y vinculación a proceso en septiembre de 2025) con las fuentes citadas. ¿Lo dejo en formato columna o la quieres lista para nota publicada?