Habitantes y ejidatarios del municipio de Kinchil impidieron la realización de una asamblea ejidal que, según denunciaron, pretendía transferir el control de tierras de uso común a una sociedad inmobiliaria vinculada a intereses externos a la comunidad.
La reunión estaba programada para el domingo 15 de febrero y fue convocada por el Comisariado Ejidal encabezado por José A. Borges Chí. De acuerdo con pobladores, el orden del día incluía otorgar “facultades, poderes y/o mandato” a un grupo de abogados liderado por Carlos Cruz para gestionar la creación o administración de una empresa inmobiliaria propietaria de terrenos del ejido, lo que —señalaron— pondría el futuro del territorio en manos ajenas al pueblo.
Propuestas que encendieron la inconformidad
Entre los puntos que generaron mayor rechazo figuraba el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría adquirir derechos sobre las tierras ejidales, así como la autorización para que el Comisariado dispusiera de aproximadamente 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
Ante estas propuestas, agrupaciones locales como los Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a movilizarse para proteger el patrimonio colectivo. La respuesta fue masiva y logró impedir que la asamblea se llevara a cabo.
Presencia policial y confrontaciones
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión. El Comisariado acudió acompañado por elementos de la policía estatal y granaderos, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal a personas opositoras a la sesión, lo que provocó inconformidad entre los asistentes.
Algunos ejidatarios intentaron ingresar utilizando escaleras tras serles negada la entrada. Según testimonios, durante el intento fueron agredidos por integrantes del Comisariado y personas afines, incluyendo individuos que no pertenecen al ejido. En el altercado, una persona resultó lesionada con traumatismo en el pie derecho y tuvo que ser trasladada para atención médica a una clínica del IMSS en el municipio cercano de Umán.
Pese a los enfrentamientos y empujones registrados, la comunidad logró frenar la realización formal de la asamblea.
Preocupación por solicitud de firmas
Posteriormente, el Comisariado solicitó firmas y huellas en hojas en blanco, lo que generó alarma entre los presentes por el posible uso indebido de dichos documentos.
El Consejo Comunitario advirtió que las tierras de uso común son fundamentales para la subsistencia local, pues sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos forestales. Además, señalaron que numerosas familias sin derechos agrarios formalmente reconocidos dependen de estos espacios para vivir.
Defensa legal y derechos indígenas
La organización comunitaria recordó que el Artículo Segundo de la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la integridad de sus territorios. Con base en este marco jurídico, anunciaron que ya iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos del ejido.
Habitantes también cuestionaron el uso de la fuerza pública en un proceso interno, al considerar que pudo favorecer a una de las partes en conflicto.
Mujeres al frente de la defensa territorial
Durante la movilización destacó la participación activa de mujeres de la comunidad, quienes encabezaron acciones de resistencia en defensa del territorio, evocando luchas históricas por la tierra y la autonomía local.
El Consejo Comunitario reiteró que continuará vigilante ante cualquier intento de privatización o transferencia de las tierras ejidales de uso común, al considerarlas un patrimonio colectivo indispensable para el presente y futuro de las familias de Kinchil.