La reciente destitución de Jacinto Sosa Novelo como titular del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) ha destapado una crisis política que pone en tela de juicio quién ejerce realmente el poder en el estado. En un movimiento abrupto y poco transparente, Sosa Novelo, conocido por su impecable trayectoria en el servicio público, fue removido de su cargo tras negarse a registrar, de manera irregular y fuera de tiempo, tres predios vinculados a los intereses de Mario Millet Encalada, empresario de alto perfil con presunta influencia en el gobierno estatal.
Esta decisión, ejecutada bajo órdenes directas de Millet Encalada, no solo evidencia la presión que ejercen intereses particulares sobre la administración pública, sino que también deja al descubierto una grave interrogante: ¿es Joaquín “Huacho” Díaz Mena el verdadero gobernador de Yucatán o es Millet Encalada quien mueve los hilos del poder?
La destitución de Sosa Novelo y su reubicación forzosa en la Agencia de Transporte de Yucatán representan un claro mensaje para quienes se atrevan a desafiar a los intereses de la élite política-empresarial del estado. Este acto autoritario no solo despoja de legitimidad al gobierno de Huacho Díaz, sino que también revela un preocupante patrón de abuso de poder y corrupción en el manejo de las instituciones públicas.
SILENCIO CÓMPLICE
La administración estatal ha optado por guardar silencio, mientras las denuncias y los cuestionamientos sobre este caso aumentan. El gobernador Díaz Mena no ha ofrecido explicaciones ni ha defendido públicamente a Sosa Novelo, lo que levanta sospechas de su subordinación a los intereses de Millet Encalada. Este vacío de liderazgo plantea serias dudas sobre la autonomía del gobierno y su capacidad para tomar decisiones sin la intervención de actores externos.
UNA ADVERTENCIA PARA TODOS
Este caso es un recordatorio alarmante de cómo los intereses particulares pueden infiltrarse en el gobierno para moldear decisiones a su favor, incluso a costa de destituir a funcionarios que se niegan a seguir el juego. En Yucatán, la pregunta no es solo quién gobierna, sino cuánto tiempo puede sobrevivir la autonomía del estado ante esta corrosión institucional.
Mientras tanto, el pueblo yucateco queda a la deriva, atrapado en un gobierno que parece más interesado en proteger a sus aliados que en defender los intereses de sus ciudadanos. El silencio no es una opción; Yucatán merece respuestas y justicia.
