Dzilam de Bravo, Yucatán. – Pescadores locales denunciaron la operación de buzos furtivos que, presuntamente con la protección del alcalde Gerónimo Medina, alias “Ponto”, y otras autoridades municipales, depredan ilegalmente especies marinas protegidas como el pepino de mar y el caracol blanco.
Según los denunciantes, esta actividad ilícita se realiza en áreas protegidas de mangle dentro de la reserva natural de Dzilam de Bravo, donde los furtivos han destruido manglares para establecer sancochaderos clandestinos. Allí procesan el pepino de mar, que luego transportan en lanchas y vehículos particulares hacia el puerto de Progreso y la ciudad de Mérida.
CORRUPCIÓN Y PASO LIBRE
De acuerdo con un pescador que pidió anonimato por temor a represalias, las autoridades locales, incluyendo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), están al tanto de la ubicación de estos sancochaderos y de los compradores. Sin embargo, no actúan para detener estas prácticas.
“Los buzos furtivos pagan hasta 30 mil pesos semanales a las autoridades para asegurar su protección. Incluso, personas armadas resguardan los sancochaderos, y tienen el descaro de usar los muelles turísticos para desembarcar, procesar y trasladar el producto”, aseguró el informante.
En un video proporcionado por los pescadores, se observa cómo un comandante de la policía municipal presuntamente recibe dinero de un comprador de pepino de mar, lo que confirma la complicidad en la cadena de corrupción.
DESTRUCCIÓN DE MANGLE Y AMENAZAS
Además del saqueo de especies protegidas, los pescadores destacaron la grave afectación al ecosistema, ya que los furtivos cortan y destruyen los manglares, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.
“Estamos viviendo una devastación ambiental y una complicidad abierta. Este problema no solo afecta a los recursos naturales, sino también a los pescadores legales que dependemos de estas especies para sobrevivir”, señalaron los denunciantes.
EXIGEN INTERVENCIÓN URGENTE
Los pescadores pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar la depredación y sancionar a los responsables. También exigieron que se investigue a las autoridades municipales y policiales implicadas en este acto de corrupción y destrucción ambiental.
La situación en Dzilam de Bravo refleja la urgencia de una mayor vigilancia y control en las áreas protegidas, así como la aplicación estricta de las leyes ambientales y de pesca para garantizar la conservación de los recursos naturales y la justicia para las comunidades pesqueras.