Una serie de testimonios ciudadanos y un reporte que llegó a la redacción de Por Esto revelan la presunta operación de una red organizada de “piratas turísticos” en el Centro Histórico de Mérida, la cual, según la denuncia, contaría con el respaldo tácito de elementos de la Policía Municipal y la protección de funcionarios locales.
De acuerdo con la información recabada, este grupo estaría integrado por al menos 40 personas, muchos de ellos enganchadores multilingües, y actuaría bajo la dirección de Jorge Alberto Castillo Calderón, un personaje vinculado con estructuras de administraciones pasadas que, según versiones, aprovecha vacíos de autoridad para operar sin freno en el corazón turístico de la capital yucateca.
Una estructura bien organizada con respaldo empresarial
La investigación revela que esta red tendría vínculos con un empresario conocido entre los prestadores de servicios turísticos como “el señor Enrique”, quien sería dueño de restaurantes, agencias de tours, joyerías y tiendas de artesanías en la zona centro. Este personaje, según la denuncia, goza de suficiente influencia para operar con impunidad, al grado de que los agentes municipales ignoran o minimizan los reportes relacionados con su grupo.
Los llamados “piratas turísticos” abordan a turistas extranjeros y nacionales en puntos clave como la Plaza Grande, las afueras de hoteles o restaurantes, con promesas engañosas sobre recorridos o productos supuestamente tradicionales. Muchos de ellos afirman representar a cooperativas mayas o vender productos elaborados con lino y otros materiales finos, cuando en realidad se trata de productos industriales revendidos a precios inflados.
Fraude y simulación: el verdadero rostro del “turismo informal”
Más allá del engaño comercial, el problema adquiere mayor gravedad cuando se consideran las falsas identificaciones oficiales que algunos operadores portan para simular legitimidad, lo que confunde aún más a los visitantes y dificulta la acción legal en su contra.
Según múltiples testimonios, cuando los turistas descubren el fraude y acuden a agentes de la Policía Municipal para pedir ayuda, estos prometen que enviarán una unidad para resolver el conflicto. Sin embargo, dicha ayuda nunca llega, completando así un esquema de simulación y omisión que favorece la impunidad de los implicados.
Intervenciones desproporcionadas a agencias legítimas
A la par del crecimiento de estas prácticas ilegales, agencias de turismo formalmente establecidas en el Centro Histórico han comenzado a denunciar hostigamiento por parte de la autoridad municipal. El incidente más reciente ocurrió el domingo pasado, cuando una reconocida agencia fue intervenida por más de una docena de policías municipales y varias patrullas, luego de que turistas solicitaron cancelar un tour.
Según testigos, los visitantes fueron informados de que el tour ya no tenía cupo disponible, pese a haberlo solicitado inicialmente. La agencia ofreció una solución inmediata y explicó que el reembolso debía gestionarse vía cancelación bancaria, ya que el pago se realizó con tarjeta de crédito. A pesar de esto, los turistas pidieron la presencia de la policía, y los elementos actuaron con prepotencia, generando un ambiente de tensión que, según reportes, fue completamente innecesario para un tema meramente administrativo.
Un llamado a la acción y a la transparencia
Ante estos hechos, prestadores de servicios turísticos formales, ciudadanos y empresarios legales del centro de Mérida exigen a las autoridades municipales una investigación a fondo sobre las posibles redes de protección que permiten estas prácticas fraudulentas, así como un alto a la doble vara con la que se trata al turismo legal frente al informal.
Además, piden mayor transparencia en la actuación de los elementos municipales, vigilancia efectiva para garantizar la seguridad y confianza del turista, y acciones reales para erradicar el hostigamiento hacia negocios que sí cumplen con la normatividad vigente.
La situación expuesta no solo daña la imagen turística de Mérida —una de las ciudades más visitadas del país por su historia, seguridad y belleza arquitectónica— sino que también perjudica a los propios ciudadanos que apuestan por el desarrollo formal, ético y sustentable del sector turístico local.