Crece la polémica en este municipio luego de que se denunciara que el alcalde morenista Ángel “Apín” Guerrero habría utilizado su cargo para tomar represalias personales contra la encargada del Registro Civil local, Arely, a quien se le notificó su destitución de manera repentina y sin justificación laboral aparente.
De acuerdo con versiones que circulan en los pasillos de la propia dependencia, la remoción no obedece a motivos administrativos, sino a un acto de venganza personal del edil, después de que una de sus concuñas lo exhibiera públicamente como un agresor de mujeres.
La situación se originó el lunes pasado, cuando trascendió un altercado entre el alcalde y una joven madre, concuña de Arely. Según lo publicado, la mujer lo confrontó y lo calificó de “ridículo y viejo”, luego de que el propio Guerrero la llamara la noche anterior para recriminarle que había dejado de apoyarlo políticamente.
En la llamada, el edil la habría insultado llamándola “mal agradecida, maldita y ridícula”, lo que generó indignación en la comunidad y expuso nuevamente los señalamientos de actitudes misóginas y prepotentes que pesan sobre su administración.
Tras esa confrontación, aseguran fuentes del Registro Civil, el alcalde exigió la “cabeza” de Arely como represalia indirecta contra su concuña, lo que finalmente se concretó este jueves.
La empleada fue citada a la una de la tarde para informarle oficialmente que había sido separada del cargo. Hasta ahora, no se ha detallado si recibirá alguna compensación o indemnización por lo que se perfila como un despido injustificado, atribuido más a un capricho político que a un procedimiento administrativo.
“Su único pecado fue tener un vínculo familiar con la mujer que se atrevió a denunciar al alcalde. No había motivos para quitarla, estaba cumpliendo con su trabajo”, afirmaron fuentes al interior del Registro Civil.
Según la propia afectada, al reclamar por su despido le respondieron que la decisión provenía del propio presidente municipal, quien además habría intentado deslindarse afirmando que la orden venía del gobernador, como parte de una supuesta “cacería de brujas” contra quienes no apoyen a Morena.
La versión no ha sido confirmada oficialmente, pero generó malestar entre trabajadores y ciudadanos, quienes consideran que se trata de un uso arbitrario del poder y de un acto de represión política disfrazado de decisión administrativa.
No es la primera vez que el alcalde Ángel Guerrero se ve envuelto en controversias. Vecinos y opositores políticos lo han acusado reiteradamente de ejercer un liderazgo autoritario, de perseguir a críticos de su gestión y de comportarse de manera ofensiva hacia las mujeres que cuestionan su autoridad.
Para analistas locales, la destitución de la encargada del Registro Civil confirma el clima de hostigamiento político y venganzas personales que caracteriza a la actual administración municipal, lo cual podría derivar en nuevos conflictos legales y sociales.
La comunidad de Dzidzantún se encuentra a la expectativa. Mientras la ex encargada del Registro Civil analiza si proceder legalmente por despido injustificado, ciudadanos y actores políticos locales advierten que estos hechos exhiben una preocupante práctica de utilizar el poder municipal como instrumento de represalias personales.