El reciente escándalo protagonizado por Federica Quijano Tapia, exintegrante del grupo musical Kabah, ha encendido los focos rojos sobre una práctica que lamentablemente se ha repetido en distintos gobiernos: la designación de figuras públicas, artistas e influencers en cargos de alta responsabilidad, sin que cuenten con el perfil, la disposición o la seriedad para ejercerlos.
Federica, quien hasta hace unos días fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán, fue finalmente separada de su cargo, luego de múltiples señalamientos por su inasistencia y falta de compromiso, agravados por su participación activa en presentaciones musicales mientras ostentaba un cargo público.
Durante una reciente audiencia pública, la exfuncionaria aseguró que ya no formaba parte de la agrupación Kabah. Sin embargo, apenas días después, la propia artista contradijo sus palabras al publicar en redes sociales imágenes y videos de su participación en un concierto celebrado en Austin, Texas, así como en Tekax, Yucatán. Las evidencias no solo confirmaron su doble vida entre los escenarios y la administración pública, sino que terminaron por evidenciar una preocupante falta de ética.
La situación se tornó insostenible para el gobierno estatal, que enfrentaba crecientes críticas por permitir que una funcionaria con evidente falta de compromiso continuara al frente de una dependencia clave para el desarrollo sustentable del estado. La decisión de removerla fue inevitable y urgente.
Este episodio no solo representa una vergüenza institucional, sino que envía un mensaje contundente al resto de los integrantes del gabinete estatal: nadie tiene el puesto asegurado si no cumple cabalmente con sus funciones. El cargo público exige trabajo constante, presencia diaria y responsabilidad con los ciudadanos, no shows esporádicos ni pretextos.
El caso de Federica debe tomarse como una advertencia clara: los nombramientos por popularidad o imagen pública no pueden seguir siendo moneda de cambio política. Yucatán necesita perfiles técnicos, comprometidos y preparados para atender los retos del presente, no personajes de escenario que confunden la administración pública con una gira de conciertos.
El desenlace de esta historia no solo marca el fin de una gestión fallida, sino que deja en evidencia que el gobierno tiene la obligación de actuar cuando uno de sus funcionarios antepone el aplauso al deber.