La crisis en la atención a personas con VIH en Yucatán se agudiza. Esta semana, personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) Mérida colocó una lona en la entrada de sus instalaciones para manifestarse bajo protesta ante lo que califican como un ambiente laboral insostenible, marcado por acoso, hostigamiento y abandono institucional.
“Capasits Mérida declaramos: cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual por parte de los pacientes al personal de salud”, se lee en el cartel que, desde el pasado lunes, permanece visible en la entrada del centro, ubicado en el sur de la capital yucateca. La situación ha generado desconcierto tanto entre trabajadores como entre pacientes, quienes denuncian una creciente desorganización en la atención médica.
De acuerdo con testimonios del propio personal, la unidad queda sin supervisión en diversos turnos, especialmente durante las tardes y fines de semana. Aseguran que varios empleados se ausentan del lugar y solo regresan al final de su jornada para registrar su salida, dejando al mínimo al equipo presente y poniendo en riesgo tanto al personal como a los usuarios.
En este contexto, los propios pacientes comienzan a evitar asistir a sus citas médicas, por temor a no recibir atención adecuada o a sentirse incómodos ante el ambiente de tensión que se vive en la unidad.
Una de las figuras más señaladas por esta situación es la doctora Dulce María Cruz Lavadores, responsable del programa estatal de VIH, quien —según los trabajadores— no acude a supervisar las condiciones de los centros de atención. “Jamás viene. Solo le interesan los negocios que puede hacer con el programa y con su fundación AHF”, expresó un empleado bajo condición de anonimato.
Para muchos, la situación refleja una falta de renovación institucional. “La Secretaría de Salud sigue operando con figuras enquistadas del sexenio anterior, y eso nos tiene atados de manos”, lamentó otra trabajadora, quien también denunció que existe miedo al cambio y que “se prefiere solapar a quienes han desviado recursos o han permanecido en su zona de confort”.
El conflicto en el Capasits Mérida no es nuevo, pero ha alcanzado un punto crítico. Activistas y pacientes coinciden en que las actuales condiciones atentan contra los derechos humanos de las personas que viven con VIH en el estado. “¿Hasta cuándo se permitirá este deterioro en el sistema de atención?”, cuestionan.
Además, advierten que la creciente vigilancia con cámaras y mensajes sobre hostigamiento genera intimidación entre los pacientes, lo que podría derivar en una disminución en el seguimiento médico de quienes requieren tratamiento antirretroviral de forma permanente.
La situación exige una respuesta inmediata. Hasta ahora, la Secretaría de Salud estatal no ha emitido ningún posicionamiento público respecto a estas denuncias, ni sobre las condiciones laborales, ni sobre los señalamientos de corrupción interna.
Organizaciones de la sociedad civil, así como trabajadores y pacientes, piden que se auditen los recursos del programa estatal de VIH, se atiendan las denuncias por acoso, y se garantice la presencia de personal en todos los turnos para evitar la interrupción de servicios críticos.
Mientras tanto, la atención al VIH en Yucatán sigue deteriorándose, y las preguntas continúan al aire: ¿Qué medidas tomará la autoridad? ¿Cuántas denuncias más serán necesarias para que algo cambie?