Mauricio Sahuí Rivero y Roberto Rodríguez Asaf, dos exfuncionarios de Yucatán, han sido señalados por su impresionante enriquecimiento durante las administraciones de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. Según investigaciones recientes, ambos estuvieron involucrados en el despojo de más de 2 mil hectáreas de terrenos en Dzidzantún y Hunucmá, los cuales fueron escriturados a nombre de sus familiares, y ahora tienen un valor de al menos 2 mil millones de pesos.
Sahuí Rivero, ex candidato a la gubernatura y ahora alineado con Morena, podría ocupar un cargo de gran relevancia tanto en el Gobierno de Yucatán como en la administración federal. Sin embargo, su historial está marcado por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y la adquisición irregular de propiedades.
Rodríguez Asaf, quien ocupó cargos clave durante las administraciones mencionadas, también ha sido señalado por apoderarse de tierras ejidales a precios irrisorios. Estas tierras, ubicadas en Dzidzantún y Hunucmá, han sido objeto de disputas legales que no han avanzado, presumiblemente debido al poder político de los involucrados.
En solo una década, Sahuí Rivero y su familia adquirieron 607 propiedades, un ritmo de compra que resulta difícil de justificar con los ingresos derivados de sus cargos públicos. Muchas de estas propiedades se obtuvieron a precios muy por debajo de su valor comercial, lo que ha levantado sospechas sobre la legitimidad de las transacciones.
Entre los bienes más notorios de Sahuí Rivero se encuentra una mansión en Chablekal, bautizada como ‘Casa Axial’, valuada en más de 15 millones de pesos, así como numerosos predios en áreas estratégicas de Yucatán y Quintana Roo. A pesar de las evidencias y las investigaciones, hasta ahora no se han presentado acciones legales en su contra, lo que deja en el aire muchas preguntas sobre la impunidad y la corrupción en las altas esferas del poder en Yucatán.