En evidente complicidad con el gobierno de la CDMX, la hasta ahora titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, desmintió categóricamente las acusaciones de espionaje político durante una conferencia de prensa. En respuesta a las afirmaciones del diario The New York Times sobre presunta vigilancia a políticos de oposición, Godoy calificó la información como “falsificada” y parte de una estrategia para difundir mentiras. La fiscal anunció una investigación interna para esclarecer la autenticidad de los documentos que respaldan las denuncias.
Según Godoy, miembros del PAN están involucrados en investigaciones de corrupción inmobiliaria y buscan desacreditar a la Fiscalía mediante la difusión de información falsa. La fiscal expresó su compromiso con la precisión y la transparencia en la identificación del origen de los documentos que han generado controversia.
Además, Godoy señaló al diario español El País, cuestionando la existencia de solicitudes de datos telefónicos sobre figuras políticas como Santiago Taboada o Alessandra Rojo de la Vega. La fiscal afirmó que, tras revisar registros oficiales, no encontraron los números de oficio, generando dudas sobre la autenticidad de los documentos en cuestión.
En contraste, políticos como Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega han denunciado ser objeto de espionaje por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Taboada presentó documentos que evidencian que Radiomóvil Dipsa (Telcel) proporcionó información sobre su número telefónico, aunque la empresa asegura no haber intervenido en las comunicaciones. El equipo de Taboada compartió más documentos judiciales que muestran solicitudes de datos telefónicos realizadas por funcionarios de la Fiscalía.
Alessandra Rojo de la Vega también ha mostrado documentos en los que se solicitan datos de llamadas, mensajes y conexiones a internet. Estas solicitudes fueron realizadas por funcionarios como Alejandro Ignacio Santamaría y César Oliveros Aparicio, según reveló el equipo de Taboada.
La situación ha generado una controversia considerable, ya que, mientras algunos políticos y medios presentan pruebas de supuestas solicitudes de datos por parte de la Fiscalía, la institución niega rotundamente la existencia de dichas solicitudes y ha iniciado una investigación interna para determinar la veracidad de los documentos presentados.