Un escándalo de corrupción relacionado con créditos para vivienda ha dejado a cientos de familias en la incertidumbre, sin hogar y con una profunda desconfianza en el sistema financiero y gubernamental. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación formal bajo el expediente FED/YUC/MER/0000614/2024, en la que Yavo Capital, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), es señalada como una de las principales responsables en el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de viviendas.
Según la documentación obtenida, Víctor Hugo Rosales Aranda y Olga Lidia Aranda Salas, propietarios de Yavo Capital, habrían canalizado de manera irregular los fondos de los créditos hacia otras empresas, como Vylon Balance Solution S.A. de C.V. y KAAB Tulum S.A.P.I. de C.V., en lugar de destinarlos a las constructoras encargadas de edificar las viviendas. Como consecuencia, múltiples proyectos quedaron inconclusos, afectando a familias no solo en Yucatán, sino también en Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
Además, se han identificado otros desarrollos que también presentan problemas similares debido a la falta de pago. En el municipio de Umán, los proyectos de MICA están en conflicto con la SOFOM Yavo Capital, mientras que en Ticul, el desarrollo Praderas de Ticul enfrenta dificultades con la SOFOM Solimex. Estas situaciones han dejado a muchas familias sin la vivienda prometida y han agravado la crisis en el sector.
Las repercusiones de este esquema fraudulento han ido más allá de las pérdidas económicas de los derechohabientes. La desconfianza en el manejo de los créditos para vivienda ha alcanzado niveles alarmantes, mientras que la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades genera sospechas sobre posibles encubrimientos o negligencias dentro del sistema de financiamiento y regulación. Aunque el número exacto de afectados aún no ha sido determinado, se estima que el impacto de este fraude es significativo.
En respuesta a las denuncias, la FGR ha solicitado información detallada sobre los representantes legales y directivos de Yavo Capital, exigiendo datos como nombres, direcciones y contactos de los involucrados. Un oficio fechado el 13 de enero confirma que la Fiscalía está avanzando en la identificación de los responsables, aunque la falta de respuestas claras por parte de la empresa ha entorpecido el proceso.
Por su parte, el Infonavit ha tomado medidas cautelares y ha restringido su contrato con Yavo Capital, condicionando cualquier futura relación con la empresa hasta que se esclarezca la situación y los fondos sean devueltos a las constructoras para concluir las obras. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia de estas acciones y sobre la posibilidad real de que los afectados recuperen sus viviendas.
Mientras la investigación sigue su curso, la presión social crece, exigiendo que las autoridades aceleren el proceso, castiguen a los responsables y eviten que este presunto fraude quede impune, como ha ocurrido en otros casos similares en el país. La impunidad no solo dejaría desprotegidas a las víctimas, sino que también enviaría un mensaje de tolerancia hacia la corrupción en el sector inmobiliario y financiero.