Una venta millonaria a precio de ganga, permisos exprés, apropiación de terrenos públicos y protección institucional son las piezas de un nuevo escándalo que vecinos del fraccionamiento Montealbán califican como un caso descarado de corrupción urbana dentro del Ayuntamiento de Mérida.
De acuerdo con una investigación, el exdirector del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y actual coordinador general de Desarrollo Ordenado y Gestión de la Ciudad de Mérida, Carlos Viñas Heredia, vendió en diciembre de 2020 un predio del IVEY a la empresa VIBEM, propiedad de la familia Valencia Duarte, por apenas 5 millones 800 mil pesos, una cifra muy inferior a su valor real.
El terreno, de 2,485 metros cuadrados y ubicado en la calle 41A #326 del fraccionamiento Montealbán, hoy es el sitio donde se levanta un complejo de seis pisos con más de 100 departamentos, pese a que viola normas de altura y densidad, ademas de apoderarse de los laterales del terreno lugar donde deberia haber calles ahora ocupara el edificio.
El mismo que vendió, ahora supervisa
Lo más grave, denuncian los vecinos, es que la autoridad que autoriza y supervisa el desarrollo urbano en Mérida es el mismo Carlos Viñas, quien vendió el predio cuando dirigía el IVEY y ahora desde su nuevo cargo municipal protege la construcción.
Aún más indignante: los desarrolladores no solo compraron el terreno, sino que también se apropiaron de los terrenos laterales, los cuales eran áreas públicas, usándolos como acceso de maquinaria, bodega de materiales y depósito de escombros.
“Además de vender el predio, los gandallas se quedaron con los terrenos laterales. Es evidente la corrupción y la complicidad de las autoridades”, expresó un vecino afectado.
Pese a los reportes vecinales por deforestación, invasión y uso indebido del espacio público, ninguna autoridad ha intervenido, lo que confirma —según los colonos— un encubrimiento directo desde el Ayuntamiento con conocimiento de la Chula o en complicidad.
Promesas, favores y silencio institucional
Vecinos aseguran haber visto en el lugar al propio Viñas y su esposa, mientras que la regidora panista Paulina Sánchez acudió con personal ambiental supuestamente para atender las quejas, pero prometió no clausurar la obra si los desarrolladores ofrecían construir un parque, lo que consideran una forma de coacción y negociación política.
La obra avanza sobre una infraestructura urbana ya colapsada en servicios de agua, drenaje y vialidades, sin que se respete el desarrollo ordenado que el propio Viñas dice “supervisar”.
Exigen investigación a fondo
Los residentes exigen la intervención de autoridades estatales y federales, y una auditoría inmediata sobre la compraventa del terreno y la apropiación de los predios contiguos, lo que podría representar daño al patrimonio público, tráfico de influencias y abuso de poder.
“Vendieron barato, se quedaron con más terreno del que les correspondía y los permisos los firma el mismo que debería vigilar. No es descuido, es corrupción organizada”, denunciaron los colonos.
Este caso se suma a la larga lista de irregularidades inmobiliarias en Mérida, donde funcionarios, empresarios y políticos se benefician de una red de complicidades que prioriza el negocio privado por encima del interés ciudadano.