La desaparición de CompraNet, la principal herramienta de transparencia sobre contrataciones públicas en México durante casi tres décadas, ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles y expertos en rendición de cuentas. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la reforma aprobada por la Cámara de Diputados el 1° de abril no sólo implica el cierre de la plataforma, sino la pérdida potencial de acceso público a más de 2.6 millones de contratos, que representan un gasto acumulado de 9.9 billones de pesos —equivalente al 28% del PIB nacional.
El cambio legislativo forma parte de una serie de modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y plantea la creación de una nueva herramienta denominada Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituirá a CompraNet. Sin embargo, lejos de representar un avance en transparencia, el modelo propuesto reproduce los mismos errores del fallido “Tianguis Digital” implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el cual, a cinco años de su promesa de funcionamiento, no ha transparentado un solo contrato capitalino entre 2018 y 2025.
Uno de los puntos más críticos de la reforma está contenido en el artículo 74 Sexies de la nueva ley, el cual establece que la nueva plataforma conservará los registros de los contratos públicos únicamente durante cinco años. Esto significa, en la práctica, que al final de cada sexenio podría desaparecer la información generada al inicio de esa misma administración, eliminando la posibilidad de revisar con profundidad histórica el uso del dinero público.
A esta disposición se suma el artículo cuarto transitorio, que concede un plazo de 30 meses para poner en marcha la nueva plataforma. Durante ese periodo —que se superpondrá con los últimos años del actual gobierno federal— no hay garantías de acceso completo a la información pública de contrataciones. La experiencia con el Tianguis Digital, que prometió transparencia en 2019 y sigue sin entregar resultados, refuerza los temores de que este cambio sea, más que una modernización, una estrategia de borrado sistemático.
Desde su creación, CompraNet ha sido la principal fuente para rastrear licitaciones, contratos y adjudicaciones de todas las dependencias federales. Ha sido clave en investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas que revelaron casos emblemáticos de corrupción en los sexenios del PAN, PRI y Morena.
MCCI recuerda que las fallas recientes de CompraNet no fueron fortuitas, sino consecuencia de un abandono intencional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La plataforma ha sufrido al menos dos “caídas del sistema”: la primera en julio de 2022, cuando dejó de funcionar por semanas; y la segunda, en los primeros meses de 2023, cuando se suspendió el servicio bajo el argumento de que era “imposible” mantenerlo sin inversión adecuada. Para agosto de 2024, el acceso a más de 2 millones de contratos fue eliminado sin explicación.
Hoy, el sistema sigue funcionando con severas intermitencias que impiden revisar los contratos de los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y del propio López Obrador, lo que deja a la ciudadanía sin herramientas efectivas de vigilancia.
Desde Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad se ha lanzado un llamado urgente a las autoridades y legisladores: no se puede permitir que se borren décadas de información pública. La organización demanda que se garanticen por ley la protección, conservación y libre acceso a los datos actualmente disponibles en CompraNet, y que cualquier nuevo sistema de contrataciones cumpla con criterios reales de transparencia, trazabilidad y eficiencia.
“Usar el dinero público sin garantizar que los ciudadanos podamos conocer a cabalidad cómo y a quién se entrega, sin herramientas ni garantías sobre la calidad de la información, es una invitación abierta a la corrupción y la impunidad”, concluyó MCCI.
En tiempos donde la opacidad parece tomar fuerza bajo el discurso de la “modernización digital”, la desaparición de CompraNet representa un retroceso histórico para el derecho ciudadano a saber cómo se gasta el dinero de todos.