Progreso, Yucatán.– Una investigación interna del Ejército Mexicano ha sacado a la luz una red de corrupción vinculada al contrabando de hidrocarburos y especies protegidas desde las aduanas del país, entre ellas la de Progreso, en la Península de Yucatán.
En un documento firmado por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, se detalla que Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la aduana de Progreso y actual Administrador de Operación Aduanera, habría participado en actos de corrupción, sobornos, extorsión y tráfico de combustible ilegal, conocido como “huachicol fiscal”, así como en el contrabando de pepino de mar, un recurso altamente protegido.
La información fue difundida por el periodista Héctor de Mauleón, quien señala que Madero Larios también fue relacionado con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora, y que continuaba en funciones a pesar de las advertencias del Ejército. En el informe, el general Sandoval criticó directamente a Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas, por no cesar a Madero Larios a pesar de los señalamientos.
Asimismo, Madero Larios figura en reportes de inteligencia como operador cercano a Horacio Duarte y a Ricardo Peralta, otro exjefe del sistema aduanero mexicano.
Una red que va más allá de Yucatán
Por su parte, el medio El Ceo documentó recientemente que en el Golfo de México operan al menos 90 embarcaciones vinculadas al robo de combustible, bajo control de cárteles como el CJNG, Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes coordinan operaciones mediante una red que incluye empresas navieras, factureras, distribuidoras terrestres, prestanombres y firmas offshore.
Uno de los casos citados es el del buque abastecedor “Moisés”, presuntamente operado por la célula Pura Gente Nueva, ligada a Los Zetas. Según los reportes, el barco zarpa regularmente desde Ciudad del Carmen, Campeche, hacia el muelle de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, una o dos veces por mes, como parte de esta estructura criminal y empresarial que opera con total impunidad.
Este caso exhibe nuevamente la fragilidad institucional del sistema aduanal mexicano, donde funcionarios señalados por el Ejército continúan en funciones estratégicas, mientras grupos del crimen organizado aprovechan la corrupción para controlar rutas de tráfico marítimo en el Golfo y la Península de Yucatán.