Mérida, Yucatán, 25 de agosto.– Un caso que ha desatado un fuerte debate en redes sociales y en la opinión pública yucateca se encuentra bajo la responsabilidad del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar, a cargo de la jueza Cristina Ancona Ruz.
El protagonista es Gustavo N., un padre que, pese a cumplir puntualmente con una pensión alimenticia de 50 mil pesos mensuales, enfrenta una restricción para convivir libremente con su hija.
La polémica se intensificó cuando en redes sociales circularon imágenes que muestran a la madre del menor vacacionando en Miami, mientras la niña permanece en Mérida. Esto ha generado cuestionamientos sobre quién está cuidando realmente a la menor en ausencia de la madre.
“El derecho alimentario debe usarse para proteger al menor, no para castigar a los padres que cumplen. Mi cliente paga con responsabilidad, pero aun así se le limita lo más importante: el derecho a convivir con su hija. Esa restricción resulta injustificada y profundamente dolorosa para cualquier padre responsable”, declaró Rubén Osorio Paredes, abogado defensor de Gustavo N.
El litigante agregó que, además de la restricción, su cliente se enfrenta a una pensión “que no corresponde con la realidad económica declarada”, lo que evidencia un desequilibrio en la aplicación de la justicia familiar.
Este caso ha desatado indignación en cafés, mercados y redes sociales, donde la pregunta es directa: “Si a un padre que cumple con sus obligaciones se le trata así, ¿qué pueden esperar los demás?”
Más allá de un pleito entre particulares, la controversia ha expuesto un problema estructural en el sistema judicial de Yucatán: la falta de equilibrio entre pensión y convivencia, y la necesidad de revisar cómo se garantizan realmente los derechos del menor frente a decisiones judiciales que parecen favorecer el castigo por encima del interés superior del niño.