En el panorama político y social de México, los nombres de Víctor Dogre y Alejandro Dogre resuenan con fuerza, pero no precisamente por méritos honorables. Originarios de Maxcanú, Yucatán, estos personajes han sido señalados en diversas ocasiones por sus prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos y bienes inmuebles, involucrándose en lo que parece ser una red de corrupción que trasciende administraciones y partidos políticos.
Durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge en Quintana Roo, Víctor Dogre y su suegra, Mimi Conde, operadora del PRI, fueron acusados de apropiarse ilegalmente de terrenos y hoteles en Bacalar. Estas acciones incluyeron el uso de explosivos para modificar cerros y el relleno ilegal de partes de la laguna, afectando gravemente el medio ambiente. Ambos hechos generaron múltiples denuncias, aunque hasta ahora las consecuencias legales parecen ser nulas.
Por su parte, Alejandro Dogre, hermano de Víctor, se benefició durante el mandato de Rolando Zapata en Yucatán (PRI), acumulando propiedades y gestionando proyectos inmobiliarios que levantaron sospechas por su origen. Su conexión con Enrique Yáñez, señalado por irregularidades financieras y expulsado del Club Campestre de Mérida, pinta un cuadro preocupante de impunidad en la región.
Más alarmante aún es el vínculo de esta familia con figuras controvertidas como Mario Villanueva, Félix González y Beto Borge, señalados en repetidas ocasiones por despojos y corrupción inmobiliaria. Incluso en 2020, el diputado Gerardo Fernández Noroña acusó directamente a Víctor Dogre y Mimi Conde de encabezar una mafia inmobiliaria en el sur de Quintana Roo, extendiendo su influencia hasta Yucatán.
Actualmente, los Dogre han buscado nuevos espacios de operación dentro del gobierno de la 4T a través de conexiones con políticos como “el Gordo” Marín. Las acusaciones de lavado de dinero, utilizando negocios como la franquicia Carl’s Jr. como fachada, y la adquisición de terrenos y construcciones en Yucatán, son un recordatorio de cómo las redes de corrupción continúan permeando los sistemas de gobierno.
La 4T, que enarbola la bandera de combatir la corrupción, enfrenta un desafío crucial al permitir que estos personajes se inserten en sus filas. Si el gobierno actual desea mantener la credibilidad de su proyecto de transformación, debe investigar a fondo a Víctor y Alejandro Dogre, así como a sus aliados, para demostrar que el combate a la corrupción no es solo discurso, sino acción contundente contra quienes han lucrado históricamente con los recursos del pueblo.