En Isla Mujeres, un nuevo escándalo está tomando forma y amenaza con despojar a la comunidad de un importante terreno histórico. Alicia “Licha” Ricalde Magaña, exalcaldesa, y su hija Atenea Gómez Ricalde, actual presidenta municipal, están en el ojo del huracán debido a un supuesto plan para utilizar la recién aprobada “Ley de Extinción de Dominio” en beneficio propio. El objetivo: el antiguo aeródromo de la ínsula, una propiedad con un gran valor histórico y estratégico que data de la Segunda Guerra Mundial.
El aeródromo, inaugurado en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos, ha sido parte integral de la historia de Isla Mujeres. Con una longitud de 1,260 metros y un ancho de 24 metros, el terreno comprende unas 10 hectáreas, actualmente propiedad del gobierno estatal tras su transferencia por parte de la Armada de México en 2015. Pero ahora, el destino de esta propiedad parece estar en manos de un plan que involucra la conversión del terreno para un desarrollo inmobiliario, comercial y habitacional que podría generar millonarias ganancias a la familia Ricalde y sus aliados políticos.
Según diversas fuentes, el esquema contempla cambios en el uso de suelo y permisos que Atenea Gómez Ricalde gestionaría desde su posición en la alcaldía. El plan también involucra a su madre, Alicia Ricalde, quien presuntamente estaría asesorando y supervisando cada movimiento. Incluso, se ha señalado la participación de Miguel Ramón Martín Azueta, político con un controvertido historial, y suegro de Atenea, como enlace clave en la comercialización del terreno.
Un Plan Cuestionado por la Comunidad
La comunidad isleña ha alzado la voz ante este presunto despojo. Los residentes exigen que el terreno se destine a proyectos que realmente beneficien a la población, como un hospital general, una universidad o la ampliación de espacios recreativos. Según los isleños, las acciones de las autoridades locales no solo representan un atentado contra el patrimonio histórico de la isla, sino también un riesgo para su infraestructura. Especialistas han advertido que un desarrollo de condominios de lujo podría colapsar el sistema de agua y drenaje, agravando los problemas que ya enfrenta la comunidad.
Historial de Controversias
No es la primera vez que las Ricalde están envueltas en señalamientos de corrupción. Durante la gestión de Alicia Ricalde hace 15 años, se denunciaron múltiples irregularidades, y Atenea, entonces colaboradora cercana, también fue objeto de críticas. Ahora, como alcaldesa, Atenea parece seguir los pasos de su madre, reviviendo viejas prácticas que han dejado una huella de desconfianza en la comunidad.
Un Proyecto con Implicaciones Legales y Sociales
El plan para enajenar el terreno no solo involucra a actores locales. Fuentes cercanas afirman que la maniobra cuenta con la venia de altas esferas de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, incluyendo a diputados locales y funcionarios estatales. La demora en la ejecución del proyecto se ha debido a la necesidad de ajustar el Programa de Desarrollo Urbano de la isla y el cambio de uso de suelo, un proceso que podría concretarse gracias a la Ley de Extinción de Dominio.
En total, el terreno incluye áreas de parque urbano, uso habitacional y predios en manos de particulares, como el de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Estos espacios podrían ser vendidos a grupos inmobiliarios, generando enormes beneficios económicos para los involucrados.
El Llamado de los Isleños
Los habitantes de Isla Mujeres han dejado clara su oposición a este plan. Consideran que el aeródromo debe ser preservado como un espacio público y demandan transparencia en las decisiones gubernamentales. La comunidad espera que las autoridades estatales y federales intervengan para evitar que el terreno caiga en manos privadas y se despoje a la isla de un recurso que pertenece a todos.
“No queremos más atracos. Este terreno debe ser para el beneficio de la comunidad, no para llenarle los bolsillos a unos cuantos”, afirmó un líder comunitario.
El futuro del aeródromo de Isla Mujeres está en juego, y con él, la confianza de una comunidad que ha sido testigo de repetidos actos de corrupción. La pregunta ahora es: ¿Responderán las autoridades al clamor del pueblo o prevalecerán los intereses privados?